>Apenas cinco días después de la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones de Bolivia, la Justicia ordenó revisar la situación judicial de tres iconos del dominio oficialista: la ex presidenta Jeanine Áñez y los líderes opositores Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho, que fueron El 22 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, había emitido una Pumari y Camacho, ex líderes cívicos de Potosí y Santa Cruz, cumplían detención preventiva por hechos relacionados con las manifestaciones previas a la renuncia de Evo Morales en 2019. En tanto Añez, además de cumplir una sentencia de diez años por la forma en la que asumió el Gobierno, enfrenta otros juicios y está detenida en una cárcel de La Paz. En los tres casos, la detención preventiva superó el límite de seis meses establecido por ley.

Las resoluciones generaron opiniones divididas. Mientras sectores de la oposición los celebran como un acto de reparación institucional, el oficialismo cuestiona la imparcialidad de los fallos. El entorno del ex presidente Morales anunció protestas y el Gobierno de Luis Arce Fuera de generar aprobación o rechazo, el tema volvió a poner sobre la mesa de debate la independencia judicial en Bolivia. El analista y consultor en comunicación política, Carlos Saavedra, considera que estas resoluciones representan “la materialización del derrumbe político y electoral del MAS” y que simboliza el cambio de inclinación de los poderes fácticos del Estado hacia el nuevo poder constituido en la elección del 17 de agosto, que será de oposición al masismo.