>La violencia armada en Ecuador continúa con niveles alarmantes. Entre enero y junio de 2025, se documentaron 294 asesinatos de personas menores de 18 años, lo que supone un crecimiento dramático frente a los datos del mismo período en 2024, cuando se registraron 196 casos. Esta evolución representa un salto del 50% en apenas doce meses, según cifras consolidadas por el Ministerio del Interior.

En cantones como Durán, Esmeraldas, Manta o Machala, los entornos urbanos se han convertido en epicentros de violencia, donde los niños y adolescentes quedan atrapados en enfrentamientos armados o expuestos a dinámicas de riesgo permanente.

Una de las historias que ha conmovido a la opinión pública en las últimas semanas es la de Greiberlis Flores, una niña de 11 años, nacida en Venezuela y radicada con su familia en Guayaquil. El caso publicado por Teleamazonas indica que el 24 de agosto, mientras caminaba junto a su madre y su padrastro hacia un establecimiento comercial, un enfrentamiento armado en el sector suburbano interrumpió el trayecto de la niña. En la huida, Greiberlis fue alcanzada por una bala en el pecho. Su madre también resultó herida. Aunque ambas fueron llevadas de urgencia al hospital Guayaquil, la menor no sobrevivió. Su muerte, además de ilustrar el drama de la niñez migrante, pone en evidencia los riesgos letales que representa hoy el simple acto de circular por determinados barrios del país.

En este contexto, el Gobierno ha anunciado la creación de un comité especializado para la prevención del reclutamiento forzado de menores. Además, se han planteado reformas legales que incluirían el endurecimiento de penas para quienes involucren a niños en actividades criminales. Sin embargo, diversas organizaciones sociales advierten que las medidas punitivas no abordan el problema de fondo: la ausencia de oportunidades educativas, económicas y de protección efectiva en los territorios más golpeados por la violencia.