>La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció la realización de una Jornada Nacional de Lucha este miércoles 20 de agosto, lo que comprende un paro de 24 horas en la Administración Pública Nacional, en una convocatoria que se extiende a las provincias y municipalidades del país. Según comunicó la entidad sindical, la medida involucrará asambleas en diversas reparticiones, suspensión de actividades, movilizaciones y otras formas de protesta. La acción tiene como objetivo acompañar los reclamos impulsados por jubilados que habitualmente se presentes los días miércoles en los alrededores del Congreso de la Nación.

Así, un sector más se suma a las movilizaciones que se esperan en los alrededores del Congreso. En el recinto, la oposición intentará rechazar el veto presidencial a las leyes aprobadas para aumentar las jubilaciones y sostener las partidas para atender a las personas con discapacidad, mientras el oficialismo buscará que ese intento fracase. Para el gobierno del presidente Javier Milei, los legisladores avanzaron en la aprobación de las normas sin explicitar cuál sería el origen de los fondos para costear esas medidas, atentando contra el equilibrio fiscal que la gestión de Milei considera esencial a fin de ordenar las condiciones de vida en el país.

Entre los fundamentos detallados, la asociación sindical destacó el aumento de la pobreza y la “pulverización” de salarios y jubilaciones. El documento enviado al ministerio menciona expresamente la preocupación por la eliminación de programas sociales, el cierre de dependencias estatales y las reformas laborales que, a criterio del gremio, “ponen en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores”. Los estatales también denunciaron un alza de la conflictividad laboral, producto de despidos masivos y la reducción de fondos para políticas públicas.

Los reclamos nucleados en la protesta comprenden una lista de exigencias, entre ellas la recomposición de los salarios para recuperar el poder adquisitivo, el rechazo a las privatizaciones y ventas de inmuebles del Estado, la reincorporación de todos los despedidos y la restauración de los fondos adeudados a las provincias. También cuestionan la fusión y cierre de organismos estatales, la normalización de las cajas previsionales provinciales y la eliminación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.