>El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre el plazo para que los organismos y empresas estatales finalicen la rescisión de contratos con empresas en las que el Estado tenga participación o que dispongan ventajas y beneficios exclusivos en la provisión de bienes y servicios para la Administración pública.

El mismo suprimió normas anteriores que obligaban a los organismos nacionales a realizar operaciones exclusivamente con determinadas entidades estatales. Específicamente, quedaron sin efecto los decretos que establecían, por ejemplo, la obligación de pagar haberes a empleados públicos exclusivamente a través del La nómina de entidades seleccionadas como proveedores incluyó al Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Santander, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Banco Galicia, BBVA, Banco Macro y Supervielle. En este sentido, el Poder Ejecutivo instruyó “a las referidas jurisdicciones y entidades a que confeccionen los términos de referencia, tomando en consideración los parámetros contemplados en el Pliego para la elaboración del plan de trabajo y, evaluarlos priorizando sobre los servicios básicos ya comprendidos los mayores beneficios que puedan obtenerse para el personal estatal, entre los que deberá considerarse especialmente, por su conveniencia, el otorgamiento de préstamos hipotecarios a tasas preferenciales”.