>El gobierno de Donald Trump evalúa la posibilidad de que el Estado estadounidense adquiera una porción del capital de Intel, de acuerdo a información obtenida por una agencia internacional a partir de fuentes con conocimiento directo de las discusiones. Según esas fuentes, las conversaciones buscan reforzar la posición financiera de la empresa y apuntalar la construcción del gran complejo fabril que la compañía proyecta en Ohio, iniciativa que atraviesa múltiples retrasos.

La Casa Blanca respondió con cautela a las versiones surgidas sobre el tema: “Las discusiones sobre acuerdos hipotéticos deben considerarse especulación a menos que sean anunciadas oficialmente por la administración”, sostuvo el portavoz Kush Desai. Por su parte, un representante de Intel apuntó que la empresa “está profundamente comprometida con apoyar los esfuerzos del presidente Trump para fortalecer el liderazgo estadounidense en tecnología y manufactura”, pero evitó referirse explícitamente al posible ingreso del Estado al accionariado.

El escenario financiero de la compañía jugó un papel central en el resurgimiento de estas discusiones. Intel experimentó dificultades en varios frentes: su posición en el mercado de semiconductores retrocedió frente a competidores asiáticos y americanos, su capacidad de innovación tecnológica se debilitó y la pérdida de dinamismo afectó sus ingresos. La empresa inició una política de reducción de gastos y recorte de empleo. Simultáneamente, la ejecución de grandes proyectos de expansión, como la creación de un polo de fabricación en Ohio, quedó postergada hasta la próxima década. La dirección de la compañía, bajo el mando de Lip-Bu Tan desde marzo, puso como prioridad la estabilidad de las cuentas antes de embarcarse en nuevas iniciativas de inversión.

La propuesta de intervención estatal no representa un hecho aislado dentro de la estrategia reciente del gobierno. En los meses previos, la administración promovió esquemas similares en sectores que considera críticos para la seguridad y la economía. Uno de los antecedentes citados por fuentes cercanas a la negociación fue la entrada del Pentágono como accionista mayoritario en MP Materials Corp., compañía ligada a la cadena de suministros de minerales estratégicos para la industria tecnológica. Además, el gobierno concretó una participación preferente en United States Steel Corp. en el marco de su venta a capitales japoneses.