14/08/2025
El gobierno de Ecuador pide aplazar la audiencia en la Corte Constitucional
Fuente: telam
El Ejecutivo solicitó al máximo tribunal diferir la sesión prevista para analizar la demanda de inconstitucionalidad contra la normativa que regula el sector público
>El Gobierno solicitó a la Corte Constitucional (CC) aplazar la audiencia telemática prevista para el 18 de agosto de 2025, en la que se analizaría la acción pública de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluye reformas a la Ley de Servicio Público. La petición fue presentada por el secretario general jurídico de la Presidencia, Stalin Andino González, quien pidió diferir la sesión hasta que se cumpla el plazo de quince días para contestar las acciones de inconstitucionalidad acumuladas al caso 52-25-IN, notificadas a la Presidencia el pasado 8 de agosto.
El congreso advirtió que esta reducción limita la posibilidad de elaborar una respuesta técnica y jurídicamente sólida, y compromete el respeto al debido proceso. Señaló que presentará su propia solicitud de diferimiento para que la audiencia no se realice hasta que se agoten los plazos legales. Además, pidió que se amplíen los términos para contestar las causas 78-25-IN y 84-25-IN, también vinculadas a demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública.
El caso 52-25-IN se originó en una demanda presentada por el partido Unidad Popular, que cuestiona varios aspectos de la normativa, entre ellos, reformas que afectan la estabilidad laboral en el sector público, la conversión de cooperativas en bancos y una disposición que permitió el perdón de impuestos a la Corporación Noboa, de la familia del presidente. La Ley Orgánica de Integridad Pública es una de las tres normas impulsadas por el presidente Daniel Noboa cuya La controversia se produce en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, evidenciada en la La mañana del 14 de agosto, en entrevista con Ecuavisa, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, expresó preocupación por la confrontación pública entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Advirtió que los jueces deben poder ejercer sus funciones sin presiones ni represalias y recordó que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos. Romero enfatizó que las acciones y discursos que puedan interpretarse como intentos de influir o desacreditar a los magistrados afectan la confianza ciudadana en la justicia y pueden vulnerar los estándares internacionales que garantizan el funcionamiento autónomo de los órganos judiciales.
Fuente: telam
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