>De manera poco ruidosa pero efectiva -expresión de equilibrio político-, los jefes provinciales de todo el país decidieron avanzar esta semana con sus reclamos de fondos al Gobierno nacional. Y lo hicieron con un planteo cuidado para estar a tono con la letra presidencial: sostienen que no altera la política fiscal. Fue la señal que dejaron luego de contactos reservados y reuniones formales en el CFI, coronada con el impulso de un proyecto conjunto en el Congreso, terreno en el que Olivos debe recurrir habitualmente a las negociaciones con gobernadores, el núcleo de aliados y el más amplio espacio de los dialoguistas.

 En medios cercanos a gobernadores de buen trato con el círculo de Olivos destacan el malestar provincial extendido por la falta de respuesta concreta a sus pedidos, aunque consideran que el texto impulsado para su tratamiento en el Congreso no debería generar conflicto. Dicho de otra forma: sugieren que podría ser una salida de baja tensión para la pulseada abierta por la caída de fondos de la coparticipación federal. Desde el oficialismo, afirman que las provincias tendrían que profundizar sus ajustes.

 La previa a las dos citas sucesivas en el CFI había puesto a la vista de cualquiera ingredientes de lo que se estaba cocinando. Hubo especial cuidado para bajarle el tono a reuniones regionales de jefes provinciales y también para manejar con discreción contactos más reservados, incluso entre funcionarios del área económica. Por ese mismo, constituyó un dato nada despreciable el modo en que circuló un trabajo sobre transferencias automáticas a las provincias.

 En ese contexto, la propuesta legislativa que decidieron impulsar los gobernadores es de dos puntos. El primero, la eliminación de los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles líquidos y un mayor porcentaje de este ingreso para las provincias. Y el segundo, la distribución del fondo de Aportes del Tesoro Nacional con los criterios de coparticipación federal y no de manera discrecional.