>Tras imponerle una licencia de 90 días a la jueza Julieta Makintach a causa del escándalo por el documental que convirtió en nulo el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires decidió “conferir vista” al procurador general, Julio Conte Grand, para determinar si corresponde, o no, denunciar a la magistrada para que se le inicie el juicio político en su contra, lo que llevaría a su posible destitución.

Así, el procurador general requirió los contenidos la causa en la que se investiga el rol de la jueza en el documental “Justicia Divina”, con un expediente encabezado por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo; bajo la calificación de averiguación de ilícito.

Este expediente es, para Makintach, el frente más turbulento. Con una imputación que queda por definirse, la magistrada podría enfrentar calificaciones singularmente graves como los delitos de cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, o tráfico de influencias, castigado con hasta seis años de prisión.

“Se analizarán los antecedentes para ver si hay fundamentos para hacer una denuncia ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados. Si los hay, se denunciará”, asegura una alta fuente vinculada al tema. El jefe de los fiscales bonaerenses no tiene plazo alguno para tomar su decisión; la ley no lo prevé.