10/04/2025
Incineran 2 toneladas de alimentos vencidos secuestrados en comedores de piqueteros, investigados por extorsionar a beneficiarios de planes sociales
Fuente: telam
Lo hizo ayer Prefectura Naval Argentina por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella. La comida fue secuestrada en 24 allanamientos. El magistrado está a cargo de 75 expedientes que se abrieron por llamados a la línea 134 realizados por beneficiarios de planes sociales víctimas de extorsión
>Los testigos que dialogaron con este medio aseguraron que la escena que presenciaron durante el procedimiento que realizó la Prefectura Naval Argentina (PNA) en las instalaciones del CEAMSE Pompeya los “indignó”. Por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, incineraron 2.250 kilos de alimentos en mal estado que habían sido secuestrados en depósitos pertenecientes a organizaciones sociales y piqueteras investigadas por presunta “extorsión” a beneficiarios de planes sociales. La destrucción de la mercadería, que debería haber sido entregada a las familias más vulnerables, se realizó el martes 8 de abril, entre las 8 y las 11 de la mañana.
En los envases de los alimentos destruidos figuraban inscripciones como: “Prohibida su venta. Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”. Estos productos formaban parte de lo hallado en los 75 expedientes que instruye Armella y el secretario Diego Quiroga, en los que están investigados más de cien dirigentes sociales y piqueteros de movimientos como el Evita, cuyo líder nacional es el ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández, el ex montonero Emilio Pérsico; el Polo Obrero; La Dignidad Confluencia; MTD Teresa Rodríguez; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento Mariano Ferreyra; Frente Federal de los Pueblos, y CTD-Aníbal Verón; Movimiento Teresa Rodríguez; Movimiento Resistencia San Jorge; Cooperativa Martín Fierro; y el Movimiento MIM, entre otros.
En el procedimiento de la destrucción de alimentos en mal estado se utilizó un camión de los Talleres Generales de la Prefectura Naval Argentina (TAGEPNA). La unidad de CEAMSE Pompeya fue utilizada para trasladar y facilitar la destrucción mecánica e incineración de las más de dos toneladas de alimentos vencidos, según lo dispuesto por el juez Armella.Durante los 24 allanamientos simultáneos ordenados por el magistrado a mediados de 2024 en localidades de la zona sur del conurbano bonaerense, el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de Prefectura Naval Argentina secuestró más de 3.500 kilos de alimentos vencidos, 104.000 unidades de alimentos sin distribuir, $500.000 en efectivo, un revólver calibre .22, una réplica de pistola 9 mm y 47 equipos informáticos. También se incautaron unas 100 cajas con documentación, planillas de asistencia, libros contables y carpetas con registros presuntamente vinculados a maniobras fraudulentas.En uno de los operativos fue detenido un hombre por portación ilegal de arma de fuego, y en varios puntos se encontraron pequeñas cantidades de marihuana. El depósito con mayor volumen de alimentos vencidos pertenecía al Movimiento Teresa Rodríguez, ubicado en la calle 511 al 3000 de Florencio Varela. En su fachada podía leerse la frase: “Si el hambre es ley, la rebelión es justicia”.La investigación se inició tras la recepción de más de 70 denuncias a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, para recibir reportes de beneficiarios que afirmaban haber sido “extorsionados” y “presionados” por punteros y dirigentes sociales. Según los testimonios, quienes cobraban el ex programa Potenciar Trabajo eran obligados a asistir a marchas, piquetes o actos políticos bajo la amenaza de perder el beneficio y asistir a los comedores comunitarios que administraban. También se reportaron casos en los que se exigía una parte del subsidio a cambio de mantener la ayuda.Una mujer denunciante aseguró que “si no iba a las marchas, al otro día no me dejaban entrar al comedor”. Otra persona relató: “Ellos reparten la comida entre gente conocida, no le dan nada a quienes realmente la necesitan. Nos dan polenta hervida con fideos y dos granos de carne picada”. Los relatos fueron incorporados como pruebas en las diferentes causas abiertas.Las investigaciones del Juzgado Federal N.º 1 de Quilmes se inscriben dentro de un esquema más amplio de causas judiciales por extorsión, administración fraudulenta y amenazas a beneficiarios de programas asistenciales. En este contexto, el juez federal Sebastián Casanello envió ayer a juicio oral y público al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otros 17 dirigentes en la causa en la que está procesado por extorsionar a beneficiarios del ex plan Potenciar Trabajo y por defraudar al Estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
En esa causa, en la que interviene el fiscal Gerardo Pollicita, se comprobó un presunto esquema de coerción en el que se exigía a los beneficiarios del ex Potenciar Trabajo participar en movilizaciones políticas como condición para no ser dados de baja del plan.Los relatos que dieron origen a estas causas describen con detalle situaciones de coacción reiterada: amenazas de expulsión del comedor, suspensión de la asistencia alimentaria, y exigencias de participación obligada en marchas políticas como condición para mantener la ayuda estatal. En varios casos, los denunciantes aseguran haber sido excluidos del reparto de alimentos por no alinearse con dirigentes de las organizaciones que controlaban los comedores.
El contenido de esas declaraciones fueron incorporadas como prueba documental, y se sumaron a los elementos secuestrados en los procedimientos judiciales. Las causas avanzan con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina, que actúa como fuerza de investigación bajo las órdenes del juzgado de Quilmes.
Fuente: telam
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