03/04/2025
El Senado define hoy los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema
Fuente: telam
La oposición acumula más rechazos para el académico -juró “en comisión”, tras el decreto del Ejecutivo- que el magistrado federal. Se diluyen intentos del Gobierno para que no haya quorum
>A casi un año de la publicación, en el Boletín Oficial, de las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, el pleno del Senado sesionará desde las 14 para definir la suerte de los pliegos para el máximo tribunal de justicia del país y última instancia de resolución de conflictos, en un escenario que se muestra cada vez más delicado para la Casa Rosada. Es que, tras la designación de ambos “en comisión” y por decreto y la jura del académico -no así del actual magistrado federal-, la oposición se aglutinó para rechazar ambos.
Anoche, en el oficialismo se percibía un clima de nerviosismo no sólo por una potencial derrota -”quiero ver cómo se llega al quorum y si todos los que amenazan con votar en contra de los dos candidatos, lo hacen”, señaló anoche un libertario a este medio-, sino también por las divergencias a la hora de ejecutar una estrategia válida para salvar la discusión. De más está decir que La Libertad Avanza tiene menos del 10% de la integración del Senado y, para activar a un juez de la Corte Suprema, se precisan dos tercios de los presentes.
Para el mediodía de hoy se espera que se realice una reunión de Labor Parlamentaria entre los jefes de bloque y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con el fin de ordenar la sesión. También, para ver si se acepta la renuncia -que se conoce desde hace tiempo- de la eficaz secretaria administrativa de la Cámara alta, María Laura Izzo. Esto no significa, según confiaron desde el oficialismo, que su reemplazo y la ratificación del resto de autoridades esté en bandeja. Quedará para otro momento. Sí ingresaría, al inicio del convite en el recinto, el pliego que propone a Wenceslao Bunge como embajador argentino en España.
Si esta tarde se sientan 37, arrancará el encuentro. Si al menos 25 -en una situación de presencia perfecta, con 72- votan en contra los pliegos, quedarían anulados. El magistrado federal Lijo no juró en la Corte; Mansilla, sí. Para el Gobierno, sin importar un nocaut en la Cámara alta -ámbito natural de este debate-, el académico tendrá vigencia hasta el final de la Legislatura.*Objetivos para mejorar la Justicia. Según Lijo, la Corte puede reasignar recursos, así como simplificar “el recurso extraordinario, bajando nivel de litigiosidad”. En segundo término, apuntó a segmentar las posibilidades de respuesta ante distintas categorías de conflicto, ya que “no puede ser que respondamos con las mismas personas, métodos y estructura una catástrofe ambiental que el arrebato de un celular, o fijación de cuota alimentaria”. Luego, direccionó la mira a los “procesos sumarios y orales”.*Ampliación de la Corte. “No tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte. La Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y en todos los sistemas, la Corte funcionó. Los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia de su composición”, manifestó.*Género. “¿Si tiene que estar integrada la Corte por una mujer? Sí”, precisó Lijo también resaltó que fue “formado por mujeres” y que la “cuestión de género no es sólo enunciativa ni de buenos modos o políticas, es mucho más concreta”. Habló de “poder remover obstáculos también en la toma de decisiones”.
*Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El candidato detalló que existe “una jurisprudencia extensa en la Corte”, en cuanto a “que deben ser controladas las condiciones de necesidad y urgencia en cada caso, objetivas”. Seguido a ello, reiteró que el tema “merece un debate público”.*Retenciones. “Creo que los derechos exportación autorizados constitucionalmente, en la medida que sean razonables y no afecten al sector, puede ser regulados. Todos pueden ser revisados judicialmente”, argumentó.
*Intervenciones en expedientes Siemens, YPF y deuda de Formosa. Sobre el primer punto, Lijo puntualizó que se trató de un caso de “soborno transnacional, es uno de los trabajos artesanales más complejos que enfrentamos”, donde se “avanzó muchísimo en la averiguación y circulación del dinero, su circuito en paraísos fiscales y cómo saltaban en cuentas tipo ‘mamushkas’ de un país a otro, y de un banco a otro”. Después informó que “nunca ingresó el dinero a la Argentina” y que “se elevó a juicio oral toda la actividad de los privados, corroborado con información que aportó Alemania”. Sobre el resto, se “avanzó hasta punto donde no teníamos diligencias y su archivo fue confirmado por la Cámara Federal y por la Corte Suprema”.Al ser consultado sobre una causa por la toma de deuda de Formosa, Lijo se explayó: “La investigación avanzó hasta la indagatoria de funcionarios. A partir de eso, las partes ejercieron su derecho de defensa e hicieron un planteo respecto de la competencia basado en un precedente de la Corte de mi propio tribunal, que separa las investigaciones de las provincias y del Estado nacional. La jurisprudencia de la Corte establece que cuando hay afectación de fondos provinciales, es competente la justicia federal de la provincia”. El magistrado propuso en ese entonces la separación de la investigación y enviarla a la justicia federal de la provincia, para quedarse con la de los funcionarios nacionales. “No es verdad que existan gestiones judiciales y mucho menos en mi juzgado, o nadie que yo conozca”, concluyó.
*Coparticipación. El postulante opinó que “son cuestiones de interacción entre el Ejecutivo, el Legislativo y las provincias” que deben “trabajar para llegar a un consenso por unanimidad o mayoría”. No obstante, el principio a regir para cualquier cuestión “fiscal y distributiva es la solidaridad”.En el Salón Azul del Senado, el cristinista Oscar Parrilli deslizó un potencial sesgo antiperonista del postulante. Sobre esto, el catedrático recordó sus críticas en diferentes artículos y publicaciones a la proscripción de ese partido, así como a la prohibición de simbología justicialista. “A lo mejor no le interesó eso, o el título no era sugestivo. Los títulos no los elijo yo”, dijo, y sumó a todo esto las observaciones que hizo sobre proyectos radicales, lo cual no implicaba tener “un sesgo anti radical”.En cuanto a las encuestas sobre la mala imagen de la justicia, el postulante aseveró que existen “problemas sistémicos que requieren soluciones sistémicas”, que el “poder judicial interfiere muchas veces con buena intención, pero a veces termina prometiendo más de lo que puede dar y se termina deslegitimando”.
Cerca del final de las preguntas de Parrilli, García-Mansilla respondió sobre tributar Ganancias, momento en el que contó que desde hace largos años trabaja en el ámbito privado y que no sólo ya lo paga, sino que no tiene “ningún inconveniente” en continuar con el pago del impuesto.
Después del acto empujado ayer por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, donde se comprometió a empujar la reapertura de “todas las causas de víctimas del terrorismo”, la también cristinista Juliana di Tullio demandó precisiones sobre delitos cometidos en la década de los 70. “¿Son prescriptibles?”, preguntó. “Entiendo que sí”, abogó García-Mansilla.Por otra parte, García-Mansilla confió: “Tengo sangre judía, entiendo perfectamente bien lo que es el genocidio y el negacionismo en otro contexto. Desde lo jurídico, la protección a libertad de expresión es muy robusta. El Congreso estaría sancionando una ley y habría que ver el detalle, que podría llegar a colisionar. Algunas de las expresiones podrían implicar un delito; otras, tal vez, no”.
*DNU. “Tengo una postura tomada desde el punto de vista académico. Entiendo que el Congreso, en ejercicio de las atribuciones, sancionó una ley para regular la forma en la que quiere controlar. El Congreso fue el que decidió. Yo marco una inconsistencia técnica. Es raro que en un sistema parlamentario haya más control que en uno presidencialista, donde los frenos y contrapesos son la norma. Pero es decisión del Congreso”, sostuvo García-Mansilla. Y mencionó, al igual que lo hizo por la tarde, que “en el marco de un proceso judicial, la carga de la argumentación para demostrar la validez de ese DNU le corresponde al Estado nacional”.
*Aborto. “Para hacer un análisis correcto, habría que separar entre legalización y penalización, idea de Germán Bidart Campos y, a partir de ese análisis, lo que hice fue confrontar. En ciertos casos, es indispensable que el Congreso derogue las leyes que se contraponen con lo que se está sancionando”.
Sobre sus dichos en 2018, cuando se discutió -sin resultado positivo- la legalización del aborto, García-Mansilla subrayó: “Si tengo que decidir cualquier caso, lo primero que voy a hacer es analizar ese caso con mente abierta. Lo segundo es que me voy a tomar muy en serio los argumentos de cada una de las partes. Lo tercero es considerar la dimensión humana en juego. Nuestro derecho positivo tiene muchas consideraciones, los derechos del niño, de los adultos mayores, etcétera. El cuarto punto es tomarse en serio los precedentes del tribunal. Son importantes, atenta contra la seguridad jurídica que los cambios de jueces atenten contra la jurisprudencia. La Corte Suprema es colegiada y gana en autoridad cuando las decisiones se toman con una sola voz”.
García-Mansilla también manifestó: “Todas las opiniones que vertí, las hice como académico. Tenemos una libertad de opinar en abstracto, los jueces no la tienen. No estoy diciendo que lo que yo opiné como académico implica un prejuzgamiento, la respuesta es no. Las opiniones académicas las sostengo; cómo fallaría, no, porque estaría prejuzgando”.
Tras ello, aclaró: “Si es mediante un acuerdo de integración, por ejemplo, ese proyecto podría ser constitucional. Si la dolarización es darle curso legal a una moneda extranjera, este Congreso lo autorizó alguna vez. Pero el planteo es que para poder opinar hay que ver el proyecto. Y es el Congreso el que puede disponer o no la dolarización”.
*Reelecciones indefinidas. Si bien adelantó que “no podría” dar “una opinión sobre un caso que hoy está en la Corte Suprema”, sugirió que “las provincias pueden establecer sus propios sistemas de gobierno”. De igual manera, observó que “la reelección indefinida tiene un problema con el régimen republicano de gobierno”.
Fuente: telam
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