Un sospechoso fue detenido en el partido de General Rodríguez acusado de haber participado en los ataques con bombas molotov frente al Congreso Nacional durante las protestas del 11 de febrero pasado cuando se debatía la reforma laboral. El arresto se hizo a instancias de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este de la Ciudad.

Esta detención eleva a cinco el número de imputados por la fabricación, tenencia y uso de material explosivo e inflamable, intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad en la causa que investiga el fiscal Federico Tropea, como coordinador, con los auxiliares fiscales Mariano Javier Camblong y Malena Mercuriali.

El procedimiento se concretó tras identificar al sospechoso mediante la comparación de imágenes de fuentes abiertas, cámaras del Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad y grabaciones de medios televisivos.

El análisis, realizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina (PFA), determinó una coincidencia de identidad superior al 96 %.

Con estos datos, la Fiscalía solicitó la detención, que fue autorizada por el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N�6, a cargo del juez Gonzalo Rua.

Fuentes del caso explicaron que, cuando la División Prófugos y Capturas de la Policía de la Ciudad detuvo al acusado en General Rodríguez, en su poder se encontró una mochila con un bidón de líquido combustible, prendas que habría utilizado en los enfrentamientos, dos teléfonos móviles y una gran cantidad de panfletos políticos.

En paralelo, se realizó un allanamiento en su vivienda donde, según se informó oficialmente, se buscaban más elementos vinculados a la causa. Las autoridades señalaron que el detenido habría integrado un grupo organizado, en el que cada miembro cumplía un rol específico durante los incidentes.

Las detenciones se enmarcan en la investigación por los ataques con bombas molotov contra Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina, ocurridos frente al Congreso, en una jornada marcada por protestas y disturbios.

La Unidad Fiscal formalizó cargos por los delitos previstos en los artículos 189 bis del Código Penal, que prevé penas de hasta 15 años de prisión, 211 (hasta 6), y 237 y 238 (hasta 2).

Fuente: telam