La causa por el crimen de Eugenia Cynthia Carril, la joven estudiante que fue atropellada y encontrada muerta en una zanja de La Plata, estaría a un paso de ser elevada a juicio. Luego de que la Fiscalía N� 12 pidiera la prisión preventiva del único acusado y solicitara que el caso llegue a debate oral, este jueves el Juzgado de Garantías N� 3 deberá decidir qué rumbo tomará el caso.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el próximo 19 de marzo se realizará una audiencia, en donde se resolverá si J. C. G. T. (41), el conductor acusado de haber arrollado y abandonado a la estudiante de 19 años, continuará detenido. Asimismo, el titular del juzgado deberá decidir si el expediente avanza a la siguiente instancia, es decir, el juicio oral.

El pedido fue presentado por la Fiscalía el lunes de esta semana y derivó en el arresto del sospechoso por parte de la DDI de La Plata. Se trata de un ciudadano de nacionalidad peruana, que quedó imputado por los delitos de "abandono de persona seguida de muerte en concurso ideal con homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de vehículo con motor, y por haberse dado a la fuga o no intentar socorrer a las víctimas".

El caso se remonta a la noche del 13 de febrero, cuando cerca de las 22:30 horas, Carill fue embestida cuando caminaba sola por la calle 96 en dirección a la avenida 3. La secuencia logró ser reconstruida gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos, que confirmaron que la víctima había descendido de un colectivo de la Línea Este, tras asistir a un curso de ingreso en la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata.

De acuerdo con las filmaciones privadas incluidas en el expediente, se vio cómo un Chevrolet Meriva de color negro se acercó a la víctima y luego realizó un volantazo tras el impacto. Una declaración clave recogida en la investigación indicó que el conductor habría ejecutado maniobras imprudentes minutos antes del choque.

Tras el accidente, el responsable se dio a la fuga sin asistir a la joven. Esa noche, su familia había difundido una búsqueda en redes sociales para averiguar su paradero, hasta que fue hallada recién cerca de las 07:00 horas del día siguiente por un vecino.

Durante una comunicación con el 911, el hombre notificó que había encontrado un cuerpo en una zanja al costado del camino. Luego de que los médicos del SAME de La Plata la inspeccionaran en el lugar, se confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Poco después, la autopsia estableció que la causa fue producto de un "traumatismo encefalocraneano grave y síndrome asfíctico". Estos detalles fueron vitales para que la Fiscalía N� 12 pudiera argumentar los motivos para pedir la prisión preventiva, tras considerar que el imputado habría intentado entorpecer la investigación desde el minuto cero.

"El encartado no cumplirá con los trámites del proceso, tratará de eludir la acción de la justicia e intentará entorpecer la investigación", advirtieron las autoridades, tras citar como ejemplo la actitud que tuvo J. C. G. T. al momento de los hechos. Así, mencionaron que el acusado le negó la asistencia a la víctima y se dio a la fuga, con la intención de "procurar su impunidad".

En línea con esto, apuntaron que el estado de fuga del acusado generó un entorpecimiento a la investigación, debido a que no se pudo determinar en qué estado se encontraba al momento del accidente. Incluso, subrayaron que esto evitó que pudieran realizarle un test de alcoholemia.

Bajo el punto de vista de la Fiscalía, el imputado presentó un comportamiento que implicaría "un total desprecio por la vida humana y por el respeto a la ley". Asimismo, remarcaron que la víctima tampoco tuvo la "posibilidad de ser socorrida por ninguna persona o servicio de emergencia", debido a que los hechos ocurrieron en plena noche.

"Las particularidades descriptas son las que repercuten en la intensidad del injusto y, por ende, en la pena en expectativa que se espera del resultado del procedimiento", argumentaron, tras adelantar que pedirían una pena de entre 8 y 21 años de prisión. Así, en caso de que esta solicitud fuera aceptada, el acusado no tendría la posibilidad de pedir la excarcelación por la gravedad de los hechos juzgados.

Fuente: telam