Un proyecto de ley busca crear en la provincia de Neuquén un régimen jurídico específico para prevenir y sancionar la violencia contra el personal de salud.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y debatida por la comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura provincial, contempla sanciones económicas y arrestos de hasta 30 días para quienes agredan física o verbalmente a trabajadores de hospitales y centros sanitarios.

Su puesta en marcha implica medidas disciplinarias, así como la creación de comités preventivos y ajustes en el Código Contravencional vigente, con el objetivo de proteger a médicos, enfermeros y personal administrativo.

Hasta hoy, el Código Contravencional de Neuquén carece de mecanismos prácticos para aplicar este tipo de sanciones. El diputado Marcelo Bermúdez, del bloque PRO-NCN, dijo que la normativa actual "no existe y no hay juez de paz que la instrumente", por lo que el orden sancionatorio propuesto reviste más un carácter simbólico que efectivo, como lo afirmó en la sesión recogida por el sitio oficial de la Legislatura de Neuquén.

Bermúdez también pidió delimitar con precisión los conceptos legales para evitar superposiciones entre el ámbito administrativo y la justicia penal. Además, indicó que las agresiones fuera del ámbito laboral solo podrán ser tratadas por la justicia penal.

Por su parte, el presidente de la comisión de Asuntos Laborales, Francisco Lepore (Avanzar), justificó la urgencia de la iniciativa al señalar -a La Mañana de Neuquén- la "proliferación de situaciones de violencia física o verbal" sufridas por agentes sanitarios al atender a pacientes o familiares en establecimientos públicos.

Lepore aseguró que la lógica aplicada en otras normativas, como las sanciones contra agresiones a docentes y directivos escolares, debe replicarse en hospitales. "La ley tiene un objetivo claro y ese es erradicar los distintos tipos de violencia hacia el personal de salud", dijo durante la sesión del 10 de marzo.

El bloque Cumplir, representado por la diputada Brenda Buchiniz, advirtió sobre el riesgo de fragmentar la legislación al crear leyes para distintos colectivos estatales víctimas de violencia. Y señaló: "hay muchos colectivos que son agredidos o que reciben tratos violentos" y que legislar por separado podría abrir un precedente para futuras demandas de sectores como el personal de seguridad u operadores judiciales, dificultando la administración de justicia y la delimitación de competencias.

Para evitar ambigüedades, la potencial normativa define los distintos tipos de violencia susceptibles de sanción y considera como agravantes los hechos ocurridos durante la jornada laboral, excluyendo aquellos fuera del centro de trabajo, los cuales corresponderán a la órbita penal.

El personal sanitario será protegido ante agresiones físicas, verbales, digitales y mediáticas, que incluyan insultos, hostigamiento, amenazas o difamaciones con el fin de intimidar o menoscabar su dignidad, según la nueva legislación provincial que introduce fuertes sanciones y protocolos de intervención.

Y uno de los puntos de mayor discusión es la inclusión de un artículo específico en el Código Contravencional, que consideraría "multas o arresto", según la gravedad del episodio.

Entre las consecuencias directas se encuentra la incorporación de sanciones al código de faltas provincial: las multas para quienes ejerzan violencia oscilarán entre 5 y 150 JUS -cada una equivalente a $81.129,33 según la última actualización-, trabajo comunitario de hasta 30 jornadas en centros de salud, arrestos de un máximo de 30 días y prohibiciones de ingreso a establecimientos, salvo emergencias.

El espectro de violencia tipificada abarca desde el daño a bienes personales y equipamiento médico hasta la obstrucción de funciones asistenciales o administrativas. Actos cometidos frente a otros pacientes serán considerados agravantes.

La normativa prevé capacitaciones obligatorias para todos los trabajadores de la salud �incluyendo técnicos, auxiliares, administrativos, limpieza, mantenimiento y seguridad� en crisis, desescalada de conflictos, comunicación en contextos de tensión y derechos laborales.

El proyecto establece un esquema dual que combina la sanción inmediata con medidas preventivas y de acompañamiento institucional. Según la Legislatura de Neuquén, se prevé la constitución de comités interdisciplinarios en el ámbito del Ministerio de Salud, integrados por representantes de la administración sanitaria y trabajadores.

Estos comités analizarán episodios de violencia, propondrán medidas de seguridad, monitorearán la eficacia de sistemas de videovigilancia y evaluarán la eventual presencia de personal policial o serenos en los centros médicos.

El artículo 6� del anteproyecto prevé medidas de protección como la "prohibición de contacto o acercamiento", facultades que solo puede ejercer la justicia penal. Por ello, la comisión evalúa delimitar de forma explícita qué medidas pueden recaer bajo la vía administrativa y cuáles requerirán intervención judicial.

Por último, el legislador Andrés Blanco (PTS-FIT-U) planteó la importancia de abordar las causas estructurales de la violencia, indicando que la falta de recursos o de personal incide en la generación de episodios conflictivos dentro del sistema.

Organizaciones médicas y sindicatos serán invitados a participar en las próximas semanas del proceso de debate legislativo, cuyo resultado podría marcar un precedente provincial en la respuesta institucional frente a la violencia en ámbitos hospitalarios.

Fuente: telam