Luego de que se reanudara el juicio contra la red que habría explotado sexualmente a Johana Ramallo antes de su desaparición y muerte, la audiencia pactada para este viernes en los Tribunales Federales de La Plata fue suspendida. La decisión se tomó apenas la madre de la víctima, Marta Ramallo, se descompensara al escuchar el testimonio de uno de los peritos que encontró sus restos.

Todo ocurrió durante la exposición del perito forense Norberto López Ramos, quien brindó los detalles del estado en el que se encontraban las partes desmembradas que fueron halladas en la zona de Palo Blanco, cerca de la costa del Río de la Plata en Berisso.

El testimonio se situó temporalmente en agosto de 2018, es decir, poco más de un año del día que la joven de 23 años fue denunciada como desaparecida. La última imagen con vida que se registró de ella fue tomada el 26 de julio de 2017, cuando se la vio ingresar al baño de una estación de servicio ubicada en las calles 1 y 63.

Aunque no trascendieron los detalles de los datos que aportó al forense al juicio, se confirmó que los jueces decidieron suspender la audiencia, debido a que la mujer debía recibir atención médica. Según la información publicada por el medio platense 0221, también se postergó la posibilidad de que Ramallo pudiera volver a declarar, tal como lo habían solicitado sus abogados a cargo de la querella, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly.

De acuerdo con los argumentos de los letrados, la madre poseería información todavía no incorporada a la causa y se cree que serían aportes que podrían resultar relevantes para esclarecer aspectos todavía oscuros del caso.

Frente a esto, la defensa se opuso al pedido, tras argumentar que Ramallo ya testificó en diversas ocasiones durante la instrucción. No obstante, el tribunal aún no resolvió esas presentaciones, pero la expectativa radica en la posible reconfiguración de los alcances del juicio.

Cabe recordar que el juicio actual no fue convocado por el femicidio de Johana, sino que buscaría determinar las responsabilidades de los ocho acusados de haber integrado la red que habría explotado sexualmente a la joven en la llamada "Zona Roja" de La Plata.

En el banquillo se encuentran Carlos Rodríguez ("El Cabezón"), Hernán D'Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinoza Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez, Celia Giménez y Paola Erika Barraza. Todos ellos serán juzgados por integrar una estructura dedicada a la trata de personas, la explotación sexual, el comercio de estupefacientes, el encubrimiento agravado y el falso testimonio.

No obstante, los imputados más complicados serían "El Cabezón" Rodríguez y "El Ruso" D'Uva Razzari, quienes enfrentan cargos por haber explotado sexualmente a sus respectivas parejas. Mientras que D'Uva Razzari estaba en pareja con una mujer, cuya identidad fue reservada, se constató que Rodríguez tenía un vínculo con Johana.

Según las pruebas recolectadas en el expediente, "El Cabezón" ofrecía los servicios sexuales de Ramallo y de otras mujeres a través de Facebook. Además, indicaron que le daba droga para que comercializara con las personas que pagaban por encontrarse con ella.

La instrucción que fue encabezada por el juez Alejo Ramos Padilla determinó que "El Cabezón" habría estado al frente del manejo de la Zona Roja. Por esto, plantearon que tenía amplio conocimiento de los movimientos y de las chicas que se prostituían allí.

De acuerdo con el cronograma judicial, las siguientes audiencias están previstas también para el 20 de marzo, mientras el Tribunal analiza los recientes pedidos de la querella. La resolución de estos planteos será central para determinar el futuro del debate oral y la posible ampliación de las imputaciones en el caso.

De la misma manera, deberán resolver el pedido para dejar sin efecto el desistimiento del testimonio de Javier Novarini, involucrado en la etapa inicial de la investigación. La querella anterior había retirado esa declaración durante la segunda audiencia del juicio. Sin embargo, los nuevos abogados, alineados con la voluntad de la madre de la víctima, sostuvieron que aquella decisión fue un error y reclamaron revertirla.

Fuente: telam