Luego de que fuera imputado por delitos de índole sexual, la Legislatura de Santa Fe resolvió por unanimidad suspender de sus funciones al fiscal Leandro Benegas de la Región 5, con asiento en la ciudad de Reconquista. La votación fue unánime entre diputados y senadores, quienes también resolvieron aplicar una serie de sanciones al funcionario.

Según fundamentaron en el dictamen de la Comisión de Acuerdos, consideraron que mantener a Benegas como fiscal adjunto representa un riesgo para la investigación en curso. Por este motivo, mientras perdure el período de instrucción, se dispuso una reducción del 50% de su salario y la prohibición expresa de ingreso a todas las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El 23 de febrero de 2026, la acusación formal contra el funcionario de la Región 5 fue presentada por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, ante la jueza Norma Senn, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Vera.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, en esa audiencia, se expuso la gravedad de los cargos, que incluyen abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores agravada por intimidación o coerción, todos ellos en perjuicio de una menor de edad.

Tal como reconstruyeron los fiscales a cargo de la investigación, los hechos ocurrieron en fechas indeterminadas entre 2008 y 2009, cuando la víctima era adolescente. Para ese entonces, Benegas ocupaba funciones como funcionario municipal de Vera, y se desempeñaba como supervisor directo del padre de la denunciante.

A raíz de los elementos presentados, la jueza Senn dispuso la prisión preventiva para el acusado, aunque esta no se hizo efectiva luego de que la magistrada consideró aplicable la inmunidad de arresto a favor del funcionario. Esta decisión tomó por sorpresa incluso al propio acusado, quien expresó su desacuerdo con la interpretación de la ley en su caso particular.

Según recogió Reconquista Hoy, el defensor Néstor Oroño representó a Benegas, mientras que el abogado Dionisio Ayala actuó como querellante a favor de la denunciante. Bajo el punto de vista del imputado, consideró que Ayala fue "inescrupuloso" y cuestionó su conducta profesional dentro del mismo proceso.

De la misma manera, el fiscal de la Región 5 negó categóricamente la veracidad de las acusaciones y afirmó ser víctima de una campaña de venganza y desprestigio derivada de su actividad judicial. En línea con esto, recordó que, como fiscal, impulsó el proceso que llevó a la condena a once años y diez meses de prisión de Luis Guzmán por delitos contra la integridad sexual de su hijastra, en un fallo unánime pronunciado entre 2021 y 2022.

Para el acusado, este antecedente resultaría relevante para explicar su situación actual, tras apuntar que Guzmán es hermano de la persona que posteriormente lo denunció por abuso sexual. Al mismo tiempo, responsabilizó al abogado de la denunciante por el supuesto "armado" de la causa penal en su contra.

Incluso, recordó un desacuerdo que había tenido con el abogado, ya que en el pasado obtuvo una condena contra el policía Rolando Senn en un juicio oral celebrado en enero de 2025 en los tribunales de Vera, tras apelar una probation que Ayala había conseguido en primera instancia para su cliente. Así, consideró que la acusación estaría marcada por un patrón de animosidad vinculado a su desempeño profesional en causas judiciales previas.

Además de calificar nuevamente a Ayala como "denunciador serial", sostuvo que la denunciante llegó a "amenazarlo con denunciarlo" después de la condena de su hermano, enlazando los hechos imputados a una animadversión personal. "Es una clara vinculación con la animosidad y el odio surgidos tras mi trabajo como fiscal en esos casos", reiteró antes de retirarse de las oficinas judiciales.

Fuente: telam