>La semana pasada, las comunidades indígenas y los defensores del río Tapajós, en la Amazonía brasileña, obtuvieron una victoria histórica al bloquear los planes del gobierno de privatizar y transformar el río en una vía comercial colosal para el transporte de soja. Cerca de mil activistas locales, en su mayoría pertenecientes a las etnias Mundurukú, Arapiun y Apiaká, ocuparon durante días el terminal cerealero de la multinacional Cargill en Santarém, obligando posteriormente al gobierno a dar marcha atrás. La acción condujo a la revocación del decreto que sacaba a subasta la gestión de tres grandes ríos amazónicos —además del Tapajós, el Madeira y el Tocantins— anunciado pocos meses antes por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El proyecto apuntaba a ampliar el papel del Tapajós como “hidrovía” estratégica para el agronegocio, conectando a las grandes empresas agrícolas brasileñas con los mercados internacionales, en particular con China. Los pueblos indígenas denunciaron que la transformación de los ríos amazónicos en corredores económicos amenaza sus territorios y, con ellos, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y los modos de vida tradicionales. El Tapajós, cabe recordarlo, está desde hace tiempo profundamente contaminado a causa de una masiva extracción minera ilegal, además de un intenso tráfico fluvial. Para los indígenas se trata de una batalla ganada, al menos por ahora. Pedro Lucas Fernandes, líder en la Cámara de Diputados del partido Unión Brasil, ya ha solicitado a Lula que las hidrovías del Tapajós, Madeira y Tocantins sean reincorporadas al Programa Nacional de Desestatización. En X, el diputado criticó la revocación por parte del gobierno afirmando que esta “interrumpe la planificación, genera inseguridad jurídica y transmite el mensaje de que las decisiones estratégicas pueden quedar paralizadas por la presión popular”.

Menos de dos meses después, los hechos les dieron la razón. El pasado 4 de enero se produjo un accidente a unos 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá, en la desembocadura del río Amazonas, con un vertido en el mar de 18,44 m³ de fluido de perforación de base no acuosa. La descarga se originó en el buque sonda NS-42 durante las operaciones en el pozo Morpho. Por este motivo, el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) impuso una multa de 2,5 millones de reales (487.225 dólares) a Petrobras, que gestiona las operaciones. Según el IBAMA, el fluido es una mezcla oleosa utilizada en la exploración petrolera y contiene componentes clasificados como de riesgo medio para la salud humana y para el ecosistema acuático. Si bien el fluido es biodegradable, no persistente, no bioacumulable y no sería tóxico, se liberó en una región particularmente sensible por la presencia de corales y manglares. A pesar de la sanción, las actividades fueron reanudadas.

Entre las comunidades indígenas que continúan pagando un alto precio por la explotación minera ilegal se encuentran los Yanomami. La crisis humanitaria que los afecta desde hace años se ha agravado con la aparición de casos de tos ferina entre los niños en el territorio de Roraima. El Ministerio de Salud confirmó recientemente tres muertes infantiles y al menos ocho casos, iniciando a mediados de febrero una intervención sanitaria de emergencia. La enfermedad, una infección respiratoria bacteriana prevenible mediante vacunación, surgió en un contexto de baja cobertura vacunal. En 2022, el ultimo año de Jair Bolsonaro a la presidencia, solo el 29,8% de los niños yanomami menores de un año tenía el esquema de vacunación completo. En 2025, el porcentaje ascendió al 57,8%, todavía muy por debajo del umbral de seguridad superior al 90%. Las autoridades temen un posible brote epidémico. Según la asociación Urihi Yanomami, el número de muertes podría ser mayor que el oficial, y la situación está directamente relacionada con las deficiencias en la vacunación. El episodio se inscribe en una crisis más amplia, marcada por la desnutrición, la malaria y otras enfermedades infecciosas, consecuencia de la invasión de la minería ilegal que durante años ha afectado al territorio. A pesar de que el gobierno de Lula señala una reducción global de las muertes desde el inicio de la emergencia sanitaria en 2022, la tos ferina representa una nueva señal de alarma sobre la fragilidad de las condiciones de salud de los niños yanomami y la necesidad de intervenciones estructurales y continuas.

Mientras tanto, un estudio reciente de la organización no gubernamental Oxfam Brasil denunció que la llamada Amazonía Legal concentró en 2023 casi la mitad de los conflictos por la tierra en Brasil, es decir, el 46,9% del total nacional, con 1.034 casos. La Amazonía Legal es una macroregión administrativa creada por el Estado brasileño que comprende nueve estados y cerca del 59% del territorio nacional, y se utiliza para planificar políticas de desarrollo y protección del área amazónica. Según el informe, Pará y Maranhão son los estados más afectados por la violencia territorial. Las principales causas incluyen el llamado grilagem, es decir la apropiación ilegal de tierras, la deforestación y la minería ilegales, la expansión del agronegocio y de redes criminales. “Se observa que la destrucción de los territorios y la violencia física contra la población han aumentado cada vez más, influyendo profundamente en la cultura y la estructura social de quienes habitan la región, en particular las comunidades tradicionales”, se lee en el documento. En 2024, Maranhão alcanzó 365 casos de conflicto por la tierra, el número mayor jamás registrado hasta ahora, mientras que Pará anotó 240, apenas por debajo del máximo histórico de 253 casos alcanzado en 2020. El estudio también puso de relieve la correlación directa entre la alta incidencia de conflictos y los bajos indicadores sociales, como salud, vivienda y seguridad. Preocupa asimismo el aumento de la violencia sistemática contra defensores de derechos humanos. Solo en el bienio 2021–2022 se mapearon 25 homicidios vinculados a conflictos por la tierra y el medioambiente. Y quienes pagan el precio más alto son precisamente las comunidades más vulnerables, como las indígenas.