>La sentencia anuló el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento que había dispuesto la remoción de Goyeneche de su cargo de fiscal en mayo de 2022. La determinación se correspondió con un fallo de la Corte Suprema de 2024. El máximo tribunal definió que se habían vulnerado los derechos de la acusada en el procedimiento. El hecho en el que se basó fue el corrimiento del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y su sustitución por un fiscal ad hoc.

Luego de la destitución de Goyeneche por el Jury, la Legislatura sancionó una ley reglamentando la Fiscalía Anticorrupción. Dispuso que el cargo principal y los dos secundarios tenían que ser cubiertos por concurso ante el Consejo de la Magistratura. Además, bloqueó la posibilidad de que, mientras estén vacantes, puedan ser subrogados.

El concurso para estos cargos se abrió en 2022. Pero por una serie de impugnaciones quedó empantanado. Hoy por hoy, el Consejo de la Magistratura lleva casi dos años de parálisis en el tratamiento de concursos.

La funcionaria judicial estuvo a cargo de las causas por delitos contra la administración pública provincial. En ese papel, se encargó de los casos más resonantes. En particular, de las investigaciones que derivaron en la condena al ex gobernador justicialista Sergio Urribarri.

Su desempeño en la denominada “Causa Contratos” fue la que complicó su carrera judicial. El caso investigaba los desvíos de fondos de la Legislatura hacia la política. El método utilizado era la contratación ficticia de personal.

De esa relación surgió que Goyeneche sea copropietaria de inmuebles con Opromolla. Luego de que se rechazara su recusación en la investigación penal preparatoria, el propio Procurador García la corrió del expediente. En su lugar quedó la fiscal Mónica Carmona. El caso “Contratos”, develado en 2018, aún no llegó a juicio. Por ese vínculo, además, fue denunciada por dos abogados de origen radical Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto.

La sentencia hizo lugar al planteo de Goyeneche contra la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de nombrar un fiscal ad hoc. Además, extendió esta determinación a todos los demás actos tomados con posterioridad. Entre ellos, el veredicto de remoción.

La decisión se tomó por el voto de los magistrados María Alejandra Abud, Aranzazú Quiroga, Marcelo Baridón, Santiago Brugo y Mauricio Mayer.

El Jurado de Enjuiciamiento había seguido este camino debido a que consideraba que el órgano acusador establecido por la Constitución no podría cumplir con objetividad su rol. Esa función correspondía al procurador García, que también había sido acusado de las mismas irregularidades que Goyeneche. No fue sometido a ningún proceso porque su cargo está en un limbo entre el Jury y el Juicio Político.

Fuente: telam