La estrategia del Ejecutivo consistió en evitar un incremento sustancial y repentino en los precios al público. En los fundamentos del Decreto 116/2026, se plantea que la postergación de parte de los aumentos busca moderar el traslado del ajuste impositivo al valor final de los combustibles, en un escenario donde el precio en surtidor suele responder de manera directa a las variaciones de la carga tributaria.

La actualización parcial de marzo afecta tanto a los combustibles líquidos como a las regiones que cuentan con tratamientos diferenciales, como la Patagonia y otras zonas incluidas en la normativa vigente. En esos casos, el aumento para el gasoil incorpora un monto diferencial, lo que refleja la política de segmentación en la aplicación de tributos.

El decreto no establece de manera automática un traslado de los incrementos impositivos a los precios finales, aunque históricamente la carga tributaria sobre los combustibles genera aumentos en el valor que pagan los consumidores en los surtidores. El impacto final dependerá de la política de precios de las empresas y de la evolución del mercado interno.

Las actualizaciones de marzo, aunque parciales, forman parte de un proceso que el Gobierno nacional administra de manera recurrente. La medida no implica la eliminación ni la suspensión definitiva del ajuste impositivo, sino una reprogramación del calendario para los aumentos pendientes, lo que permite al Ejecutivo mantener la recaudación sin provocar saltos bruscos en los precios.

Fuente: telam