>Ronald Dworkin (1931-2013) fue uno de los juristas y académicos de Filosofía del Derecho más destacado del siglo XX. Egresado de la universidad de Harvard y doctorado en la de Oxford, Dworkin fue un agudo crítico del positivismo jurídico y partidario del interpretativismo. Consideraba que el Derecho debía entenderse como un sistema único y coherente de principios. En este sentido, el enfoque del jurista nacido en Massachusetts tiene puntos de contacto con la filosofía del Derecho Natural, pero su gran disidencia con esta doctrina radica en su rechazo al origen dogmático e inflexible de la moral escolástica.

La postura de Dworkin en el debate adquiere hoy una gran trascendencia frente a las críticas realizadas por el presidente Donald Trump a partir del fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles comerciales globales impuestos por el titular del Poder Ejecutivo sin intervención del Parlamento. Los magistrados designados por Trump, los conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, votaron junto al presidente del tribunal supremo, John Roberts. A ellos se sumaron las juezas liberales Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor. En tanto, los tres juristas restantes, Brett Kavanaugh, Clarence Thomas y Samuel Alito se inclinaron a favor de la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Trump.

La posición de Dworkin en su disputa en torno a Scalia refiere a la actitud que deberían tomar los candidatos nominados por el Poder Ejecutivo para ocupar un asiento en el tribunal colegiado. “El gran poder de la Corte Suprema solo es legítimo si cada uno de los jueces lo ejerce con arreglo a principios generales extraídos de su propia concepción de la autoridad moral de la Constitución”, sostuvo el destacado jurista que llegó a ser miembro de la Academia Británica. Una gran lección de alcance global para las repúblicas que deberán encarar futuras nominaciones de candidatos para el máximo tribunal de justicia.

En este nuevo escenario institucional Trump no puede tratar el comercio exterior como un instrumento de presión geopolítica sin controles legislativos, lo que afecta directamente su estrategia general hacia China. La decisión de la Corte Suprema podría mejorar el acceso de empresas globales a uno de los mercados más grandes del mundo, beneficiar al gobierno en su lucha contra la inflación.

El 25 de mayo de ese año el máximo tribunal falló por unanimidad en dos casos que anularon importantes partes del New Deal de Roosevelt. El primer caso declarado inconstitucional fue el referido a la Ley de Hipotecas Agrícolas de Emergencia, núcleo del programa gubernamental diseñado para evitar que los agricultores endeudados perdieran sus tierras. En un segundo fallo, la Ley Nacional de Recuperación Industrial fue declarada ilegal por violar la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda.

Maquiavelo escribió que “un gobernante sabio debe confiar en lo que está bajo su propio control, no en lo que está bajo el control de otros”. El poder judicial independiente es el gran hándicap con el que cuentan los Estados Unidos para atraer inversiones frente a la creciente competencia económica y financiera global que mantiene con China. En poco tiempo el presidente Trump estará agradecido por tener una Corte Suprema de Justicia autónoma del Poder Ejecutivo.