>La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que encabeza Andrés Vázquez, amplió la denuncia penal contra Sur Finanzas Group S.A., la empresa de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de aportes previsionales y de obra social retenidos a empleados, que no fueron ingresados al sistema previsional ni a las obras sociales correspondientes. Según la presentación judicial, la firma habría retenido y omitido ingresar al fisco un total de $46.511.222,65 entre junio de 2024 y noviembre de 2025, abarcando siete períodos fiscales.

La denuncia se presenta en el marco de una investigación judicial de mayor alcance sobre la operatoria financiera de la compañía. Sur Finanzas es propiedad de Vallejo, conocido por su vínculo con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En junio de 2024, la deuda fue de $5.812.657,26; en julio, $3.685.405,69; en septiembre, $5.679.317,01; en noviembre, $9.509.819,62; en diciembre, $13.037.422,26; en julio de 2025, $4.435.386,94; y en noviembre de 2025, $4.351.213,87. La suma total retenida y no ingresada asciende a $46.511.222,65. El organismo también informó la existencia de planes de facilidades de pago que fueron otorgados y luego declarados caducos, lo que, a criterio fiscal, refuerza la persistencia del incumplimiento.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que el delito se consuma al transcurrir el plazo legal más treinta días sin que se haya realizado el depósito, sin que resulte relevante el destino que se haya dado al dinero ni las dificultades financieras alegadas por la empresa. Los aportes retenidos son fondos del sistema de seguridad social, no del empleador.

ARCA invoca el artículo 18 del Régimen Penal Tributario, que exige la convicción administrativa del organismo recaudador sobre la presunta comisión del delito antes de efectuar la denuncia penal. El escrito sostiene que este requisito ya fue cumplido y que no corresponde una determinación de oficio adicional, por lo que el organismo considera reunidos los elementos necesarios para formular la acusación.

La ampliación de denuncia también cita artículos del Código Procesal Penal de la Nación. El artículo 177 inciso 1° establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar delitos de acción pública que conozcan en el ejercicio de sus funciones, como es el caso de ARCA. El artículo 180 dispone que, recibida la denuncia, el juez debe dar vista al Ministerio Público Fiscal para que impulse la acción penal o solicite medidas de investigación. El artículo 294 regula la citación a declaración indagatoria, instancia en la que el imputado es formalmente informado del hecho y puede ejercer su defensa. El artículo 22 del Régimen Penal Tributario fundamenta la competencia de la Justicia Federal de Lomas de Zamora, ya que la empresa tiene domicilio fiscal en Adrogué, provincia de Buenos Aires.

En su petitorio, ARCA solicita que se tenga por presentada la ampliación de la denuncia, que se dé vista al Ministerio Público Fiscal y que se cite a declaración indagatoria a la contribuyente y sus responsables. Además, pide que, eventualmente, se eleve la causa a juicio y se imponga la pena máxima prevista por la ley. La sanción por apropiación indebida de recursos de la seguridad social es de dos a seis años de prisión, junto con las sanciones accesorias para la persona jurídica.

La ampliación de denuncia expone a Sur Finanzas Group S.A. a una imputación penal concreta por más de 46 millones de pesos en aportes retenidos y no ingresados, reuniendo, según la acusación administrativa, los elementos del delito previsto en el artículo 7° de la Ley 27.430 y abriendo un frente judicial para una firma vinculada a un financista con conexiones en el fútbol y la dirigencia deportiva.