El oficialismo reconoce internamente que el margen de maniobra para aprobar iniciativas relevantes se irá reduciendo en los próximos meses, a medida que se aproxime el ciclo electoral y disminuyan las posibilidades de acuerdos con sectores dialoguistas de la oposición.

Se espera que a lo largo de 2026 lleguen al Congreso diversas iniciativas. Hay algunas de importante peso como la reforma del Código Penal, la impositiva y electoral que tienen altísima prioridad y que serán enviadas con la mayor proximidad posible.

La reducción de impuestos y el alivio sobre empresas y personas son objetivos centrales de la administración libertaria. Se discuten alternativas como la reducción en el impuesto a las Ganancias y estímulos para mercados, junto a la eventual implementación de un “IVA dividido”, una idea dada a conocer por el ministro Caputo. La discusión gira en torno a cómo equilibrar esos incentivos con la preservación de la estabilidad fiscal.

Aún sin precisiones técnicas, los funcionarios avanzan en el diseño de un proyecto legislativo que reúna casi todos los asuntos originalmente incorporados en el capítulo XI, con excepción de la Ley de Financiamiento Universitario, para cuyo tratamiento el Gobierno ya propuso un enfoque alternativo, aunque sin la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que el lunes publicó un comunicado rechazando tajantemente la alternativa oficial y pidiendo la apertura urgente de paritarias.

Este último podría tratarse el 26 de febrero en el Senado junto con la Ley de Glaciares, el convenio Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad en menores hacia los 14 años.