20/02/2026
Exjefe de la autoridad tributaria asumió la Judicatura de Ecuador en medio de críticas por posible injerencia del Ejecutivo
Fuente: telam
Juristas advierten que su vínculo reciente con el Ejecutivo genera dudas sobre la independencia judicial
>El Consejo de la Judicatura designó la noche de este miércoles a Damián Alberto Larco Guamán como presidente encargado del órgano de administración, gobierno y disciplina de la Función Judicial, en medio de una controversia política y jurídica que ha reabierto el debate sobre la independencia del sistema judicial ecuatoriano. Larco, economista de formación y actual estudiante de Derecho, fue anteriormente director general del Servicio de Rentas Internas (SRI), cargo al que llegó por designación del presidente Daniel Noboa. Su llegada al Consejo ocurre tras la renuncia de Mario Godoy, quien enfrentó este 18 un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, donde fue censurado y destituido por “manifiesta inoperancia” en su desempeño en la judicatura.
Según explicó a Infobae el penalista Pablo Encalada, la Constitución fue reformada en 2011 para permitir que los integrantes del Consejo de la Judicatura no sean abogados, por lo que, desde el punto de vista formal, la designación de un economista no sería inconstitucional. Encalada recordó que incluso durante el gobierno de Rafael Correa un ingeniero presidió la Judicatura de transición tras la consulta popular de ese período, lo que demuestra que la norma habilita perfiles distintos al jurídico.
Para el penalista, el problema no radica en la profesión de Larco, sino en su cercanía con el Ejecutivo. Encalada sostuvo que se trata de “una persona del entorno muy cercano del presidente de la República” y recordó que fue director del SRI en la actual administración, lo que, a su juicio, constituye una acreditación objetiva de falta de independencia respecto del poder político. En su análisis, el antecedente inmediato de haber ocupado un alto cargo de confianza del Presidente genera dudas razonables sobre la imparcialidad que debe caracterizar a quien encabeza el órgano encargado de administrar la justicia.Encalada comparó la situación con la designación de Gustavo Jalkh durante el correísmo. Señaló que, aunque Jalkh contaba con credenciales académicas y profesionales suficientes, su condición previa de secretario particular de Correa lo deslegitimaba por su vínculo directo con el Ejecutivo. Según el penalista, ese antecedente demostró con el tiempo una falta de imparcialidad que derivó en una justicia alineada con el poder político. A su criterio, el escenario actual reproduce un patrón similar.El penalista señaló que la designación configura, en su interpretación, un “golpe” al poder judicial, al considerar que se habría alterado el orden de sucesión previsto para mantener el control político del Consejo de la Judicatura. También cuestionó la actuación de otros actores institucionales, a quienes atribuyó una actitud complaciente que facilitó la transición hacia Larco.
Larco ha señalado que ejercerá el cargo con apego a la ley y que su objetivo será fortalecer la gestión administrativa del sistema judicial. No obstante, la controversia persiste. Sobre la legalidad formal de su nombramiento, el debate gira en torno a la legitimidad política e institucional de la designación y a la confianza pública en la autonomía de la justicia ecuatoriana.
Fuente: telam
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