>La tecnología aplicada con fines de daño, cada vez más integrada a los conflictos bélicos y a la disputa geopolítica, ha facilitado la proyección internacional de grupos organizados que, incluso sin recursos tradicionales, ejecutan operaciones complejas. Entre ellas destacan estafas virtuales a gran escala, especialmente orientadas a activos cripto para financiar actividades, en ocasiones con el respaldo directo de Estados que promueven acciones de falsa bandera. Los ciberataques se convirtieron en una herramienta central para operaciones de inteligencia, ofensivas híbridas, hostigamiento digital y hacktivismo.

El análisis de la naturaleza y escala del ataque indica que la operación perseguía un fin destructivo más que económico. Los atacantes desplegaron malware diseñado para borrar datos e inutilizar equipamiento industrial, impactando tanto sistemas informáticos como componentes físicos. A pesar de la magnitud del incidente, la red eléctrica se mantuvo estable y los equipos de respuesta contuvieron la amenaza. De manera preliminar, se lo vincula con una iniciativa sostenida y patrocinada por un Estado, asociable a grupos de amenazas previamente identificados.

El Comité Olímpico Internacional (COI) prohibió a Rusia competir en 2017 tras el escándalo de dopaje que involucró a varios de sus atletas, y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) extendió sanciones en 2019 para eventos deportivos internacionales. Aunque inicialmente debían levantarse tras los Juegos de Beijing 2022, la invasión de Ucrania derivó en nuevas restricciones. El deporte de alto nivel ha sido históricamente utilizado como instrumento político, y los Juegos Olímpicos se consolidaron como escenario de disputa simbólica entre potencias.

Casi en simultáneo, la Universidad La Sapienza de Roma —la mayor de Europa, con unos 122.000 estudiantes— sufrió un incidente que interrumpió sistemas informáticos y generó serios problemas operativos. Los alumnos no pudieron reservar exámenes, consultar aranceles ni acceder a contactos académicos. La institución se comunicó principalmente por redes sociales, con información limitada y sin un plazo claro de normalización. Algunas hipótesis atribuyen el hecho a un nuevo grupo de ciberdelincuentes identificado como Femwar02.

La dimensión y la intensidad de esta problemática, que todo indica seguirá en aumento, se reflejan también en decisiones judiciales recientes: la justicia china condenó a muerte a once integrantes de una organización familiar dedicada a casinos ilegales, juego online clandestino y centros de ciberestafas que operaban desde Myanmar. En total se dictaron 39 sentencias, varias de ellas por la administración de verdaderos campos de “ciberesclavos”. El volumen estimado de ganancias ilícitas superó los 1.400 millones de dólares (USD 1.400 millones).

Gabriel Zurdo es CEO y Fundador de BTR Consulting; especialista en ciberseguridad, riesgo tecnológico y negocios