>La Inspección General de Justicia rechazó el traslado de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, a la provincia de Buenos Aires, calificó la mudanza al partido de Pilar como “ficticia” y advirtió sobre una serie de irregularidades administrativas y registrales que, según su evaluación, vuelven inviable el cambio de jurisdicción.

El expediente comenzó el 15 de enero de 2026, cuando la AFA solicitó a la IGJ la aprobación e inscripción de la reforma de su estatuto para trasladar el domicilio legal desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires. En la documentación presentada, la entidad consignó como nueva sede social la calle Mercedes 1366 —actualmente Néstor Kirchner— en Pilar y pidió la cancelación de la inscripción vigente en el Registro Público a cargo del organismo nacional. El cambio, sostuvo la AFA, había sido aprobado en una Asamblea Extraordinaria celebrada el 17 de octubre de 2024 en territorio bonaerense, bajo fiscalización de la autoridad provincial.

Ese aspecto técnico remite a un conflicto más amplio que se arrastra desde hace semanas. En paralelo al trámite por el cambio de domicilio, la IGJ amplió la revisión de los balances de la AFA y volvió a requerir información detallada sobre el destino de aproximadamente 450 millones de dólares declarados en los estados contables desde 2017. El foco estuvo puesto en operaciones vinculadas a contratos comerciales internacionales y en la consistencia documental de determinadas partidas. El pedido de traslado de jurisdicción se realizó en ese contexto de escrutinio reforzado, lo que alimentó interpretaciones políticas sobre la conveniencia de que la entidad pasara a depender de la autoridad de control bonaerense en vez de la nacional.

La conclusión de la IGJ es categórica: “la dirección denunciada corresponde a una localización territorial en la cual la asociación civil no se encuentra, no tiene instalación alguna ni funciona allí la administración y gobierno de la entidad”. En términos jurídicos, el organismo entiende que no puede hablarse de domicilio social si no existe una sede efectiva donde se desarrollen las actividades de dirección y administración. Desde esa perspectiva, el traslado sería meramente formal y carente de sustento fáctico.

El conflicto trasciende el ámbito nacional. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires inscribió unilateralmente a la AFA en su jurisdicción, pero dejó asentado que no se admitirían nuevos actos de la entidad hasta tanto no se hiciera efectiva la cancelación de la inscripción ante la IGJ. Este punto revela una tensión interjurisdiccional: mientras la provincia avanzó en el registro, el organismo nacional considera que el procedimiento está inconcluso y que no puede perfeccionarse el traslado sin cumplir previamente con todas las exigencias formales y materiales.

Las declaraciones públicas del Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, reforzaron el tono de la resolución: “No caben ya dudas de que la sede social denunciada por AFA en la provincia de Buenos Aires es falsa; la AFA nunca se mudó realmente a la provincia, ni tiene sede alguna en el municipio de Pilar. Lo han constatado nuestros funcionarios, el ARCA, los periodistas y todos los que han pasado por ese lugar. Es inexplicable que las autoridades de una entidad tan importante como la AFA le hayan mentido a magistrados, entidades administrativas y a la gente denunciando una sede social ficticia donde no están ni estuvieron nunca. Una verdadera farsa”.

Para la entidad presidida por Tapia, el cambio de domicilio se presentó como una decisión soberana adoptada por su Asamblea y amparada en la autonomía asociativa. Sus abogados argumentaron que el traslado había sido aprobado conforme al estatuto y que la inscripción provincial demostraba la validez del acto. Sostuvieron además que la numeración denunciada se correspondía con una parcela identificable, aunque no existiera señalización visible en la vía pública. La IGJ descarta esa interpretación y exige una sede concreta y verificable.