Esa pregunta fue respondida en Infobae en Vivo por Carlos Pirovano, presidente del Instituo Nacional de4l Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Carlos Pirovano, presidente del INCAA, explicó que el debate se instaló con un tono dramático que no necesariamente refleja lo que ocurrirá. “Siempre se dramatiza mucho. El financiamiento estatal viene de una discusión democrática que es el presupuesto”, sostuvo.

Para el funcionario, el cine no quedaría sin apoyo, sino que dejaría de contar con impuestos específicos y pasaría a depender de rentas generales. “El Fondo de Fomento no desaparece. La única diferencia es que antes se financiaba con recursos específicos, y ahora vendría de rentas generales”, remarcó.

Con esa afirmación, Pirovano buscó señalar que el problema no pasa únicamente por la cantidad de películas realizadas, sino por la necesidad de discutir criterios de eficiencia, público y sostenibilidad. En su visión, “el cine argentino no puede funcionar bajo una lógica en la que se financien decenas o cientos de proyectos sin garantizar que efectivamente lleguen a las audiencias o generen impacto cultural y económico”.

Desde la industria audiovisual, el temor principal no es solo perder recursos, sino perder previsibilidad. Actualmente, el INCAA se sostiene con un esquema autárquico: recauda fondos propios y los administra sin depender directamente del Tesoro.

Pirovano respondió que ese planteo es “un error conceptual”, porque todo el gasto estatal proviene, directa o indirectamente, de impuestos. “Vos pagás ese impuesto igual. La Argentina tiene más de cien impuestos. Ningún país moderno funciona así. Hay que eliminarlos y discutir prioridades en el presupuesto”, argumentó.

Aunque la postergación hasta 2028 evita un impacto inmediato, no es una solución definitiva. Durante 2026 y 2027 el cine seguirá funcionando con el esquema actual, pero el sector deberá volver a negociar antes de que llegue el nuevo plazo.

Por eso, organizaciones audiovisuales mantienen la movilización convocada para este miércoles a las 15 desde el Cine Gaumont, en defensa del financiamiento cultural.

Pirovano también se refirió a la reorganización interna del Instituto. Confirmó que se redujo el personal y se bajaron costos de funcionamiento. “El decreto del presidente Milei establece que no podemos gastar más del 20% de nuestros ingresos en estructura, y estamos en ese número”, señaló. También explicó que dejaron de alquilar varios edificios y solo se quedaron con los propios, como el Cine Gaumont y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

Otro punto central del debate es el sistema de subsidios. Pirovano sostuvo que el modelo actual debe respetar la ley de cine: el INCAA no debería financiar películas por adelantado sin retorno.

Según explicó, el sistema correcto es el subsidio “ex post”: una vez estrenada la película, el Estado devuelve un porcentaje según su desempeño y su interés cultural.

El debate abrió una discusión más amplia sobre el futuro del cine argentino: qué modelo de producción se busca, cómo se financia y qué rol debe cumplir el Estado.

“Las provincias ya están dando millones de dólares al año en incentivos. Es una herramienta mucho más moderna”, destacó.

Si se aprueba la reforma laboral tal como está planteada, uno de los cambios más visibles para el público podría estar en el precio de las entradas de cine. Actualmente, cada ticket incluye un impuesto del 10% que se destina directamente al Fondo de Fomento Cinematográfico del INCAA. Es decir, una parte del valor que paga el espectador ayuda a financiar la producción nacional.

Actualmente, una entrada general de cine (salas 2D) ronda entre$10.500 y $13.000, mientras que las salas 3D o 4D pueden superar los $20.000. También existen descuentos importantes, con precios de mitad de semana (lunes a miércoles) que rondan los $6.500.

Más allá de la explicación de Pirovano, los especialistas advierten que el impacto real podría no ser tan directo. El valor final del ticket depende también de otros factores como la inflación, los costos operativos de las salas, los acuerdos con distribuidoras y la situación económica general. Por eso, aunque el impuesto se elimine, no hay garantías de que la reducción se traslade automáticamente al bolsillo del espectador.

Fuente: telam