El médico que atendió al periodista en el Hospital Corea de El Alto determinó que las lesiones no fueron accidentales sino cortes finos provocados de manera intencional. La víctima recibió el alta médica tras una intervención quirúrgica y el sábado formalizó su denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), sometiendo su caso también a valoración del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

El ataque se inscribe en un contexto persistente de violencia alimentado por la impunidad, agregaron, señalando que la falta de garantías para investigar con celeridad e independencia y la ausencia de sanciones en casos anteriores han generado un escenario que alienta nuevas agresiones.

El ministerio expresó su compromiso de garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico y consideró inaceptable cualquier acto que busque intimidar o silenciar a los periodistas. Se informó además que se instruyó a las instancias competentes coadyuvar con las investigaciones hasta identificar a los responsables. “No permitiremos que este atroz suceso quede en la impunidad”, indicó el ministerio, expresando solidaridad con la víctima, su familia y los gremios de prensa.

Durante 2024, la ANPB documentó 182 vulneraciones a la libertad de prensa en Bolivia, incluyendo agresiones físicas, despojo de equipos, hostigamiento, amenazas y judicialización del trabajo periodístico. El escenario político fue el terreno más hostil para el ejercicio del periodismo, según el reporte del gremio.

Los gremios exigieron una investigación inmediata, exhaustiva e independiente que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales del ataque, así como garantías de protección efectivas para el periodista y su familia.

Fuente: telam