14/02/2026
El caso del suicidio del soldado en Olivos y la polémica por los presos con celulares: los datos y los reclamos
Fuente: telam
La Policía Federal encontró cuatro teléfonos en manos de los estafadores del penal de Magdalena acusados de llevar a Rodrigo Gómez a la muerte. El plazo original de la Justicia para permitirlos y las cifras oficiales
>La División Homicidios de la Policía Federal Argentina ingresó el lunes pasado en la Unidad N°36 del complejo de cárceles de Magdalena para allanar y detener a un grupo de delincuentes presos allí. El motivo: La investigación llevada adelante por la misma división, encabezada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, había determinado que una extorsión sexual llevada adelante por una banda liderada por estos detenidos condujo al soldado hasta la muerte.
En el allanamiento al penal, se descubrió que Tomás Francavilla -un hampón de La Matanza condenado por robo, acusado de ser el principal responsable de la maniobra para engañar a Gómez-, escondía dos teléfonos en su celda. Mauricio Duarte Areco, otro presunto jefe de la banda, también sentenciado por robo, poseía otro aparato.En las horas previas a su muerte, Gómez realizó cuatro pagos por $1,4 millones a dos billeteras virtuales. Luego, en su garita, con un tiro de su fusil, el soldado se quitó la vida. La banda de Francavilla lo llamó varias veces después de muerto.
La historia se convirtió rápidamente en relato. La narrativa oficial en torno al esclarecimiento del caso, con una conferencia de prensa liderada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; apuntó a que los detenidos que lideraban la banda, básicamente, estaban encarcelados en penales bonaerenses.
Los celulares en los penales bonaerenses se encuentran permitidos por la Justicia hace casi seis años, con En aquel fallo, el magistrado Víctor Violini autorizó el ingreso masivo de teléfonos a las 81 unidades y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense para evitar “una situación de ostracismo que, en el marco de la actual pandemia, importa un sufrimiento incompatible con el trato humanitario”.
Los detenidos, por un tema de salud, estaban impedidos de recibir las visitas de sus familiares o un contacto fluido con sus defensas. “Debemos extremar nuestro sentido de humanidad”, continuó Violini.El fallo, firmado tras la presentación de un habeas corpus colectivo de detenidos de la Unidad N°9 de La Plata, fue bienvenido en la frecuencia interna por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del que dependen las 57 cárceles y alcaidías de la provincia.
Los teléfonos ingresaron a los pabellones. Sin embargo, esa paz que los teléfonos prometían no apareció de inmediato. El 22 de abril, a tres semanas de la firma del fallo, El motín fue motivado, irónicamente, por una fake news que circuló entre los detenidos, difundida por WhatsApp, un falso audio de un médico penitenciario. En simultáneo, los presos del penal de Devoto, que depende del Servicio Penitenciario Federal, donde no se permiten los celulares, copaban los techos de la prisión armados con lanzas.
La medida judicial que permitió los teléfonos tenía fecha de vencimiento. El juez Violini determinó el permiso para que los presos bonaerenses usen sus celulares “DURANTE EL PERÍODO que subsistan la situacion de pandemia y la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Las mayúsculas le pertenecen al fallo. El aislamiento concluyó oficialmente el 30 de enero de 2021; la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria en mayo de 2023. Sin embargo, la medida se mantuvo vigente en la práctica. Los celulares siguen hasta hoy, convirtiéndose en una realidad incómoda. De acuerdo a altas fuentes judiciales, el Ministerio Público Fiscal provincial todavía no formuló un pedido a las autoridades judiciales o políticas para que el uso de teléfonos en penales se corte.El verso tumbero de la falsa causa penal por pedofilia, que llevó al suicidio al soldado Gómez, repetido varias veces en diversas causas penales de la historia reciente, es un invento que data de la pandemia, un período donde las estafas virtuales vivieron un auge notable.La pregunta es obvia: ¿esta baja de la conflictividad que traen es real? Seis años después, el efecto de los celulares en la cárcel debería medirse de forma concreta. En prisión, para empezar, la conflictividad se castiga. Para determinarlo, podría analizarse el número de estos castigos.
En 2019, el último año sin celulares, el SPB reconoció 45392 detenidos. De ellos, 1449 -poco más de un 3,1 por ciento- tenían una conducta calificada como regular, mala o pésima. En aquel año hubo 9022 sanciones aplicadas. Puede pensarse de dos maneras: el SPB castigó menos, por decisión u omisión, o la conflictividad entre presos efectivamente bajó.
El Servicio Penitenciario Federal, que no permite celulares, de acuerdo al Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, tenía 11728 internos en 2024. 332 de estos internos -un 2,8 del total- tenían una conducta calificada como regular, mala o pésima. En el período, el SPF aplicó 1870 sanciones. Aquí, sin celulares, la tasa de castigo es levemente mayor. Sin embargo, el perfil de violencia de los detenidos en los penales federales es sumamente distinto al de los bonaerenses, una población penitenciaria atravesada, principalmente, por ladrones a mano armada.
Esta es una ironía de tantas. El uso masivo de los celulares convirtió a detenidos como Sin embargo, en el mundo del delito, las excepciones son siempre la regla. Para los comisarios y fiscales de la provincia, acostumbrados a perseguir a bandas que operan desde prisión, el comentario en su frecuencia interna es el mismo.
Un experimentado fiscal asegura: “Allané 10 veces unidades penitenciarias en los últimos cinco años por delitos varios”.
Hay casos decididamente aberrantes en la historia reciente de presos que delinquen con teléfonos permitidos desde sus celdas. Braian Cristian Godoy, oriundo de Rafael Calzada, condenado por abuso sexual, fue allanado en su celda del penal de Olmos a fines de marzo de 2025.
El caso de Sus tres capos -Brandon Brites, Thiago Sandoval y Hugo Isaías Castillo- fueron detenidos en una investigación a cargo del fiscal Patricio Ferrari. Sin embargo, el sistema de teléfonos permitió que sigan dando sus órdenes a la banda desde la cárcel para cometer nuevos asaltos. Uno de ellos, liderado por Castillo desde su celda, terminó con la muerte de María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años. Su celular fue incautado en su celda. Castillo, por su parte, se encuentra acusado del asesinato de Jorge De Marco, asesinado a golpes en un asalto a su casa, la primera víctima fatal de su banda.
Este viernes -tras ¿Pedirlo preventivamente no era una opción? Fuentes en torno al caso consideran que no, que, el pedido difícilmente podría haber sido concendido. Para hacerlo, Ferrari primero debía demostrar que los jefes de “La Banda del Millón” operaban desde la cárcel.
Fuente: telam
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