En ese contexto, la Cámara Argentina Fintech difundió un comunicado asegurando que “el país necesita con urgencia una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y tecnológica del siglo XXI. Sin embargo, resulta contradictorio que, en ese mismo proceso, se haya excluido del debate un artículo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial”.

Acto seguido, los referentes del sector hicieron referencia a un informe reciente de la consultora Isonomía que exhibió que 9 de cada 10 argentinos considera que debería poder elegir dónde cobrar su sueldo. “Entre los jóvenes, 8 de cada diez cree que hacerlo en billeteras virtuales sería más práctico y 7 de cada 10 las percibe como una opción más segura. Además, el 64% de los trabajadores en relación de dependencia no eligió el banco donde hoy cobra su salario. La sociedad ya tomó una decisión”, consideraron.

Y continuaron: “No hay vacío normativo ni informalidad. Hay competencia y un sistema plenamente integrado. Sostener la obligatoriedad bancaria en el cobro de salarios no responde a una necesidad técnica ni a la estabilidad del sistema. Responde a la preservación de un esquema que asegura a las entidades financieras tradicionales la administración de millones de cuentas sueldo”.

Por último, la Cámara Argentina Fintech aseguró que seguirá impulsando el debate cuando se discuta la reforma laboral en la Cámara de Diputados en los próximos días. En esa línea, informó que trabajará activamente para que el artículo de la discordia vuelva a ser incluido en la discusión legislativa.

La controversia escaló a partir de las advertencias de las cámaras bancarias (ABA y Adeba), que sostienen que el traspaso de los depósitos salariales hacia las billeteras virtuales afectaría el financiamiento de la economía. Según sus estimaciones, la salida de estos fondos podría reducir el stock de préstamos al sector privado en un rango de entre 4 y 6 billones de pesos, impactando especialmente en el crédito a pymes y familias. Asimismo, los bancos remarcan que las entidades financieras tradicionales cuentan con seguros de depósito que brindan una seguridad adicional de la que carecen los PSP.

El punto central del conflicto legislativo radica en la equiparación del CVU con el CBU para la recepción original de haberes, un cambio que fue retirado del proyecto tras intensas gestiones sectoriales. La industria tecnológica sostiene que la libre elección del canal de cobro es una demanda social que trasciende la competencia comercial. Por este motivo, el sector buscará que el debate se reabra en la Cámara de Diputados para reintegrar la posibilidad de que los trabajadores decidan de forma voluntaria dónde gestionar sus ingresos mensuales.

Fuente: telam