12/02/2026
Reforma Penal Juvenil, en vivo: fuerte cruce entre Grabois y un diputado del PRO por los hechos de violencia en el Congreso
Fuente: telam
Martín Ardohain lo acusó de instigar y promover la alteración del orden público por su participación en las movilizaciones registradas en el Senado por la reforma laboral
>La Cámara de Diputados inició este jueves el tratamiento del proyecto deEl oficialismo busca avanzar con un dictamen de mayoría que fija la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y establece un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas. La discusión se da en un escenario de apoyos y resistencias cruzadas entre los bloques, con posiciones divergentes sobre el alcance de la reforma, el tipo de penas previstas y el enfoque del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Agustina Propato, diputada nacional bonaerense de Unión por la Patria, expuso este jueves sus diferencias con el proyecto de Reforma Penal Juvenil que se trata en el recinto.“Hay quince proyectos en este cuerpo de diferentes autores que plantean edades diferentes para establecer el tope de la imputabilidad, y también sabemos que los regímenes penales juveniles de los distintos lugares del mundo también plantean edades diferentes. Por lo tanto, estamos claramente, en un sentido común, en condiciones de determinar que es arbitrario, caprichoso e irrazonable pensar que resolvemos algo determinando una edad tope fijando eso para quedarnos tranquilos e irnos a casa creyendo que proveemos algo que tenga que ver con la justicia”, manifestó la legisladora, quien recordó también que ella misma ha presentado un proyecto alternativo que no fue tenido en cuenta.El diputado Martín Ardohain planteó una cuestión de privilegio contra Juan Grabois, a quien acusó de instigar y promover la alteración del orden público por su participación en las movilizaciones registradas el día anterior. Sostuvo que fue “preocupante y lamentable” ver a dirigentes de la oposición en marchas que, según describió, derivaron en hechos de violencia, con quema de bombas molotov y destrozos en la vía pública. Ardohain afirmó que los legisladores deben expresar sus diferencias políticas dentro del Congreso y no en la calle, y reclamó defender la institucionalidad y el sistema democrático.En respuesta, Grabois rechazó las acusaciones y cuestionó que se pretenda limitar la participación de diputados en manifestaciones populares. “No sé de dónde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular”, ironizó, y desafió a Ardohain a presentar una denuncia penal si contaba con pruebas de instigación a la violencia. Además, defendió las protestas y denunció una represión posterior contra jóvenes y militantes, al tiempo que afirmó que no se detiene a quienes cometen hechos violentos sino a manifestantes.Durante su intervención, Grabois profundizó las críticas al oficialismo, vinculó la discusión con la reforma laboral y denunció presuntos vínculos con el narcotráfico, en un discurso que generó interrupciones y llamados al orden por parte de la Presidencia. La cuestión de privilegio fue girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, mientras el intercambio dejó uno de los momentos de mayor tensión de la sesión.El diputado Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, cuestionó con dureza al Gobierno nacional durante una cuestión de privilegio, en la que denunció una “represión brutal” contra manifestantes y acusó al Ejecutivo de impulsar una agenda que, según afirmó, precariza el trabajo y recorta derechos. En su intervención, rechazó las descalificaciones oficiales hacia las protestas y sostuvo que “delincuentes” son quienes, a su entender, se beneficiaron de hechos de corrupción y mantienen “impunidad”, además de señalar una fuerte pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.Del Caño también reclamó la liberación de las personas detenidas durante las manifestaciones y aseguró que su espacio continuará movilizado en las calles. En ese marco, convocó a organizar un paro nacional y una huelga general para frenar lo que definió como una “ley esclavista”, al advertir que las reformas impulsadas por el Gobierno profundizan la informalidad y la precarización laboral. La Presidencia de la Cámara informó que la cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.El debate sobre la edad de imputabilidad y las penas máximas concentra la atención en el Congreso. En Infobae al Mediodía, el periodista Federico Mayol analizó las características principales del régimen penal juvenil que se discute en la Cámara baja. “El proyecto que están discutiendo en este momento fija la edad de imputabilidad en catorce años”, afirmó, y precisó que la propuesta establece quince años como tope máximo de condena.Cabe destacar que la iniciativa privilegia medidas complementarias o no privativas de la libertad, como prestación de servicios a la comunidad, prohibición de conducir o de salir del país, “siempre y cuando el delito no haya tenido víctimas graves”, afirmó Mayol. El espíritu de la ley es la resociabilización de los menores. Asimismo, el texto contempla acceso a tratamiento contra las adicciones y centros especializados.Por otra parte, el proyecto contempla que un juez pueda dictar amonestaciones o trabajos comunitarios para delitos con penas de tres a diez años, y habilita la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena.El diputado Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, sostuvo que a los 14 años existe comprensión de la criminalidad del acto y que esa conducta debe tener consecuencias penales. En ese marco, afirmó que el debate no puede limitarse a la baja de la edad de imputabilidad, sino que debe avanzar en la construcción de un régimen penal juvenil integral que supere la normativa vigente, a la que definió como una omisión del Estado por provenir de la última dictadura. Recordó que durante un año pasaron por el Congreso especialistas de distintas disciplinas y organizaciones de la sociedad civil, y remarcó que su bloque presentó un proyecto con diferencias sustanciales respecto del impulsado por el Poder Ejecutivo.Gutiérrez planteó que el eje del sistema debe estar en dotar a los jueces de herramientas concretas desde el momento cero del delito, con un esquema de dieciséis medidas cautelares que incluyan desde restricciones digitales hasta el decomiso de bienes y la figura del arrepentido. Señaló que la privación de la libertad debe ser excepcional y reservada para delitos graves, junto con alternativas restaurativas, terapéuticas y educativas, respaldadas por un Estado con programas y financiamiento adecuados. Además, advirtió que la ley corre riesgo de judicialización si no se incorpora una modificación al Código Penal que establezca expresamente la no punibilidad de los menores de 14 años, y pidió revisar ese punto para garantizar la aplicabilidad del nuevo régimen.El diputado Pablo Farías, de Provincias Unidas, sostuvo que el Congreso no debe “seguir dilatando” el debate sobre un sistema de responsabilización penal de niños y adolescentes y remarcó que la legislación vigente “no lo resuelve”, al arrastrar un “pecado de origen” por haber sido sancionada sin plena vigencia democrática. Señaló que durante más de ocho meses la comisión trabajó sobre distintos proyectos y afirmó que existe un consenso mayoritario para fijar en los 14 años el inicio de la imputabilidad penal, apoyado en experiencias internacionales y regionales.El legislador aclaró que establecer la edad de imputabilidad no implica aplicar el Código Penal de adultos y defendió el principio de especialidad, tanto en el proceso como en las sanciones. En ese marco, explicó que su dictamen alternativo propone penas diferenciadas según franjas etarias, un tope máximo de diez años —frente a los quince del dictamen de mayoría—, plazos estrictos para la prisión preventiva y un sistema integrado con la Ley 26.061 de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Subrayó que la privación de la libertad debe ser la última ratio y cuestionó la falta de financiamiento previsto, al advertir que sin inversión estatal y políticas preventivas “se desfinancia absolutamente” el nuevo régimen.El bloque de Unión por la Patria encontró la vuelta para ir unido en un tema que genera diferentes posturas dentro del variopinto bloque peronistas. El debate de la baja de edad de imputabilidad generó en el bloque posiciones que van desde el rechazo hasta el acompañamiento pasando por diferentes versiones, es por eso que se definió que en la votación en general no acompañarán al oficialismo y, cuando vaya en particular, algunos de los diputados del bloque acompañarán algunos de los artículos.Donde no se llegó a un punto en común es en el acuerdo Unión Europea - Mercosur. El peronismo que se mostró en contra de lo que proponía la UE cuando se discutió en 2019, 2023 y 2025 hoy encontró el apoyo de algunos sectores del bloque. “Hay de todos lados que van a acompañar. Del PJ, del kirchnerismo, del massismo, de los gobernadores; vamos a ir divididos”, explicó una fuente del bloque. “Las diferencias comenzaron en los últimos encuentros que tuvo el bloque para debatir el tema y eso nos llevó a esto”, explicó otra fuente del bloque de Unión por la Patria.La diputada Victoria Tolosa Paz rechazó el proyecto de Reforma Penal Juvenil impulsado por el oficialismo y sostuvo que parte de una consigna “inconstitucional”, en alusión a la frase “delito de adulto, pena de adulto”, atribuida a Patricia Bullrich. En su exposición, citó observaciones internacionales que señalan que niños y adolescentes deben recibir un trato diferenciado por su desarrollo físico y psicológico, y advirtió que el contacto temprano con el sistema penal “perjudica sus posibilidades de convertirse en adultos responsables”.La legisladora de Unión por la Patria cuestionó que la respuesta del Gobierno sea “cárcel y bala” en un contexto de desarticulación de políticas públicas de niñez, educación y salud, y afirmó que la privación de la libertad debe ser el último recurso. Defendió el dictamen de su bloque, que fija la punibilidad entre los 16 y los 18 años y establece una pena máxima de diez años para delitos graves, con criterios de proporcionalidad, progresividad y un sistema especializado que garantice defensa, derechos y espacios diferenciados de los adultos.Tolosa Paz también puso el foco en los adolescentes no punibles y reclamó una respuesta integral del Estado frente a los delitos cometidos por menores de esa franja etaria. Señaló la necesidad de fortalecer el sistema de promoción y protección de derechos, la aplicación de la ley de salud mental y medidas excepcionales de restricción de la libertad en casos gravísimos, con control judicial y plazos limitados. En ese marco, acusó al oficialismo de cambiar la edad de imputabilidad “como si fuera un juego de cartas” y afirmó que el proyecto “no resuelve la conflictividad adolescente”, al tiempo que llamó a legislar con “más seriedad y menos slogans”.El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, publicó una foto junto a todos los legisladores oficialistas minutos antes de ingresar al recinto y envió un mensaje de respaldo político a la sesión. “Listos los leones para salir a la cancha”, escribió en sus redes sociales, en la antesala del inicio del debate.En el mismo posteo, Bornoroni aseguró que este jueves el Congreso avanzará con la aprobación de la Ley Penal Juvenil y con la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. “El Congreso más reformista de la historia pone quinta a fondo”, afirmó, en línea con la estrategia del oficialismo de mostrar cohesión y expectativa de triunfo legislativo.La diputada Laura Rodríguez Machado, miembro informante del oficialismo, abrió el debate sobre la Reforma Penal Juvenil con una fuerte crítica al régimen vigente, al que calificó como “ineficiente, injusto y heredado de la dictadura”. Señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni brinda respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica. En ese marco, destacó que el dictamen de mayoría surgió tras un año de trabajo en un plenario de cuatro comisiones, con más de veinte proyectos analizados y el aporte de más de treinta especialistas.Uno de los ejes centrales de su exposición fue la edad de imputabilidad. Rodríguez Machado explicó que el consenso legislativo fijó el umbral en los 14 años, por encima de los 13 propuestos inicialmente por el Poder Ejecutivo, y sostuvo que especialistas en neurociencia y salud mental coincidieron en que, a partir de esa franja etaria, los adolescentes tienen discernimiento y voluntad para comprender la ilegalidad de sus actos. Rechazó que el proyecto busque “encarcelar menores” y subrayó que establece un régimen integral con 51 artículos, nueve tipos de sanciones y la privación de la libertad como último recurso, con penas proporcionales y alternativas como mediación, restricciones de acercamiento y seguimiento judicial.La diputada también defendió las garantías del nuevo sistema, que prevé la participación de las víctimas, procesos con plazos máximos, supervisores especializados para acompañar a los adolescentes y la prohibición absoluta de alojar menores junto a adultos. Afirmó que el régimen actual deja a muchos jóvenes “en un limbo”, sin debido proceso ni políticas de resocialización, y advirtió que esa situación favorece la captación por organizaciones criminales. Por último, aseguró que el proyecto contempla un esquema de financiamiento claro, con partidas definidas y convenios entre Nación y provincias, y llamó a saldar una deuda histórica del Congreso con una ley que, según expresó, permita terminar con la impunidad y ordenar la respuesta del Estado frente al delito juvenil.Fuente: telam
Compartir
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!



