Mientras la cantidad de juicios siguió esa trayectoria, la evolución de los accidentes laborales mostró un comportamiento distinto. De acuerdo con el gráfico elaborado en base a datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), los siniestros laborales crecieron en una primera etapa de la serie, pero luego tendieron a estabilizarse e incluso a descender en los últimos años. Esa divergencia evidencia que el aumento de las demandas no fue acompañado por un incremento equivalente en los accidentes registrados.

El año 2025 marcó un nuevo récord de litigiosidad. Con 134.131 juicios iniciados, se alcanzó el valor más elevado desde la puesta en marcha del sistema de Riesgos del Trabajo.

En paralelo, las estadísticas de siniestralidad muestran una tendencia de largo plazo a la baja. De acuerdo con datos del sistema, los accidentes laborales y los casos fatales disminuyeron en las últimas dos décadas, en el marco de la consolidación del régimen de ART y de políticas de prevención. Sin embargo, esa reducción no se reflejó en una menor judicialización.

El desajuste en el sistema tiene consecuencias económicas concretas. “El aumento de la litigiosidad eleva los costos del sistema de ART, se traslada a mayores cargas para las empresas y afecta especialmente a pymes y sectores intensivos en empleo formal”, sostiene el documento de LyP. Además, agrega que “la incertidumbre judicial se convierte en un factor que desalienta la contratación registrada y la inversión”.

El debate sobre los juicios laborales volvió a cobrar relevancia en el marco de la discusión sobre una reforma del sistema. Para la consultora, “el desafío es reducir la judicialización sin debilitar la protección del trabajador, corrigiendo incentivos que hoy favorecen el conflicto legal aun cuando los niveles de accidentes no lo justifican”.

Un análisis reciente de la UART intenta explicar por qué hubo un aumento tan pronunciado en la cantidad juicios. Desde la entidad sostienen que el fenómeno no se explica por un aumento de los accidentes, sino por factores vinculados al funcionamiento del esquema judicial. En particular, señalan que la Ley 27.348 dispuso la creación obligatoria de Cuerpos Médicos Forenses en cada jurisdicción con el objetivo de unificar criterios técnicos y reducir la litigiosidad. Sin embargo, advierten que esa estructura no fue implementada plenamente en todo el país.

A ese esquema se suma la modalidad de cálculo de los honorarios periciales, que se determinan como un porcentaje del monto de la sentencia. Según el informe, ese mecanismo introduce incentivos económicos que impactan en el nivel de las incapacidades reclamadas y, en consecuencia, en el monto final de los litigios.

Fuente: telam