La posición gubernamental se consolidó cuando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó públicamente: “La reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”. El funcionario defendió la extensión de los cambios a la totalidad de los contratos, lo que incluye tanto los celebrados antes como los que se formalicen luego de la sanción de la ley.

De acuerdo con Sturzenegger, el texto enviado al Congreso plantea modificaciones que impactan de manera transversal sobre indemnizaciones, vacaciones, horas extra y métodos de pago de salarios. A pesar de que el ministro sostuvo que el monto de la indemnización “se mantiene”, el proyecto excluye conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios del cálculo indemnizatorio, lo que en la práctica reduce las sumas a percibir. Además, se introduce la posibilidad de abonar la indemnización en hasta 12 cuotas, y se establece un tope de actualización equivalente a la inflación más tres puntos porcentuales anuales.

En la letra del proyecto, la indemnización por despido se recalcula con menos ítems, y se habilita el pago en cuotas. Según especialistas consultados, esta nueva modalidad se aplicará a todos los casos en los que el distracto ocurra luego de la entrada en vigencia de la ley, sin discriminar la fecha de inicio de la relación de trabajo.

En este contexto, surgen potenciales controversias. Algunos juristas consideran que los trabajadores con contratos previos a la reforma podrían reclamar ante la Justicia la vigencia de su derecho a una indemnización anterior, bajo el argumento de que ingresaron al sistema con expectativas protegidas. La respuesta de los empleadores, respaldada por la interpretación mayoritaria de la jurisprudencia, sostiene que no existe tal expectativa, ya que la ley vigente al momento del despido es la que se aplica. El resultado de estas disputas dependerá de futuros fallos judiciales, sin que exista hasta hoy un criterio unánime.

“Así, en el caso de una desvinculación, se aplica la norma vigente al momento de la desvinculación aunque el contrato sea previo. Siempre hay algún matiz que puede incluir un proceso judicial, pero el principio es ese”, agregó.

El proyecto de reforma también introduce cambios en materias como las vacaciones y la organización del tiempo de trabajo. Con la nueva normativa, las empresas podrán fraccionar las vacaciones en períodos de una semana y distribuirlas durante el año. La modalidad requiere el consentimiento del trabajador, pero la experiencia indica que en contextos de desempleo creciente, la aceptación suele ser la regla por temor a perder el empleo.

“El principio ahí es que se abre la posibilidad de pasar de horas extra a banco de horas. Son cosas que muchas veces existen, sin estar legisladas. La aplicación de la reforma no obliga al cambio de sistema, abre la posibilidad de acordarlo”, dijo Aquino.

Otra novedad destacada consiste en la posibilidad de pagar salarios tanto en moneda nacional como extranjera, y de canalizar los pagos a través de cuentas bancarias o billeteras virtuales. El proyecto también permite que un porcentaje del salario se abone en especie, como habitación o alimentos, y elimina el tope anterior del 20%. Sturzenegger defendió esta medida al afirmar que ya existía en la legislación, aunque el cambio principal reside en la ampliación del margen para pagos no dinerarios.

El Gobierno impulsa además formas contractuales más flexibles, como la limitación de la presunción de relación laboral para contrataciones de obra, servicios profesionales u oficios con facturación, lo que facilita la contratación fuera del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. El período de prueba para nuevos empleados se extenderá hasta seis meses y podría ampliarse por convenio según el tamaño de la empresa. Esta medida apunta a brindar mayor margen de ajuste para los empleadores durante los primeros meses de vínculo laboral.

El régimen vigente establece que las empresas principales responden solidariamente por las obligaciones laborales de sus contratistas en caso de tercerización. La reforma restringe este alcance, fijando que la responsabilidad solidaria solo existirá si se prueba fraude o negligencia que cause perjuicio al trabajador. El objetivo oficial reside en reducir la litigiosidad y promover la formalización, aunque la medida podría limitar la protección para trabajadores tercerizados.

La iniciativa del Poder Ejecutivo abarca cambios relevantes en materia sindical. Elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la vigencia automática de los acuerdos caducos hasta que se celebre uno nuevo. Además, prioriza los convenios por empresa o región sobre los que se firman por rama de actividad, lo que implica que las negociaciones podrían pasar a manos de representaciones directas de los empleados en cada compañía, y no de los sindicatos tradicionales. Este esquema habilita la proliferación de sindicatos de empresa y facilita la negociación de condiciones inferiores a las establecidas por los convenios sectoriales.

El proyecto incorpora la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado por una contribución patronal del 3% sobre las remuneraciones. Los empleadores que adhieran a este sistema accederán a una reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales y podrán invertir esos fondos en instrumentos regulados por la Comisión Nacional de Valores. El FAL busca cubrir contingencias por despidos y pretende mejorar la previsibilidad financiera de las empresas.

Fuente: telam