Aseguran que las ordenanzas Nº 10.866, 10.867 y 10.868 fueron aprobadas a través de un procedimiento ilegal, por lo que consideran que carecen de validez y que no corresponde exigir el pago de los tributos establecidos en ellas.

“La salud pública debe ser una prioridad, pero su financiamiento no puede ni debe sostenerse a costa de seguir exprimiendo a los contribuyentes. Exigimos transparencia en la administración de los recursos existentes y una profunda revisión del gasto público municipal. Antes de crear nuevas tasas, el Ejecutivo debería rendir cuentas sobre el destino de los fondos ya recaudados y optimizar el uso de los mismos”, agregaron.

Otro aspecto relevante en medio del debate es el nivel de transparencia: el 36% de los distritos bonaerenses muestra niveles bajos, regulares o nulos de transparencia, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Ese 36% comparte un nivel de cumplimiento insuficiente de las pautas de referencia, tanto en la divulgación de la información como en el respeto de los plazos fijados para su publicación. Chacabuco puntualmente se encuentra entre aquellos considerados con cumplimiento bajo o regular.

Fuente: telam