>El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo como supuesto jefe de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo.

“En esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, remarcó el magistrado.

La investigación “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

La resolución remarcó que hubo una “puesta en escena” a la hora de la competencia de precios, el paso imprescindible para las contrataciones públicas, en la adquisición de medicamentos de alto costo y baja incidencia.

A este escenario se sumó el pago de sobreprecios. “En concreto, las ofertas de estas empresas eran injustificadamente caras, incluso en comparación con otras compulsas que transitaban paralela y simultáneamente en la propia ANDIS”, para adquisición de medicamentos generales, detalló el fallo.

En este contexto, la prueba revela que durante la gestión de Spagnuolo el funcionamiento de la ANDIS “se orientó a favorecer de manera oculta e indebida determinados intereses privados, en el marco de claros conflictos de interés que incluyeron el pago de sobornos”.

“El detrás de escena refleja no sólo un estrecho vínculo (personal, comercial, laboral) entre los funcionarios (ubicados en posiciones claves, tal como fuera abordado) y los distintos actores privados, sino una coordinación, sostenida en el tiempo, determinada a la adjudicación direccionada de adquisición de medicamentos e insumos PACBI, con sobreprecios”, se analizó en el procesamiento.

Además de haber colocado en puestos claves a “personas que respondían a intereses ajenos a la administración -los de la organización delictiva-, articuló y supervisó el direccionamiento de las compulsas de precios en beneficio de determinadas droguerías, a cambio de sobornos”.

Por ejemplo, un directivo de una de estas firmas declaró como testigo bajo juramento de verdad que puso al descubierto lo que pasaba ante el entonces funcionario y le reclamó por “un puñado de empresas seleccionadas a dedo, y operadores externos manejan este perverso y corrupto sistema de compras”.

También enumeró los encuentros presenciales entre el director de la agencia y otro procesado, Miguel Angel Calvete o gente de su entorno: quedó registro de cinco visitas realizadas por Calvete en la vivienda de Spagnuolo y también se probaron pagos de Calvete a un “mueblero” contratado por el ex titular de ANDIS.

El expediente se inició en agosto pasado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en notas periodísticas que replicaban la filtración de audios explosivos. En esas grabaciones, una voz atribuida a Spagnuolo confesaba la interna política: “Lule (Menem) me lo puso a Garbellini para chorear”.

Las defensas intentaron derribar la causa alegando que esos audios eran ilegales, habían sido manipulados y pidieron la nulidad de todo lo actuado. Sin embargo, en paralelo a los procesamientos, Casanello rechazó hoy esos planteos. El juez y el fiscal Franco Picardi lograron corroborar el contenido de las denuncias mediante pruebas independientes (expedientes y testimonios), sin depender procesalmente de las grabaciones, que de hecho no fueron usadas como prueba directa en el fallo, se remarcó en la resolución.

La resolución, de más de 300 páginas, describe una estructura jerárquica clara. Spagnuolo no habría actuado solo. El juez lo procesó como presunto jefe de la asociación ilícita junto a su segundo en el organismo, Daniel Garbellini, y a dos supuestos operadores: Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

Aunque los procesados permanecerán en libertad, el golpe económico es fuerte: Casanello trabó un embargo de 202.247.451.393 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos casi similares para cada uno de los cuatro principales acusados.

Uno de los tramos más inquietantes de la resolución apunta hacia arriba. Casanello advirtió que lo descubierto hasta ahora podría ser solo la punta del iceberg y sugirió que la responsabilidad política podría escalar.

Para el juez, la investigación “no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Para avanzar sobre esos “márgenes difusos”, el juez ordenó una nueva batería de indagatorias que incluye a Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

La resolución alcanza a funcionarios de la gestión libertaria, empleados de carrera y empresarios. La nómina completa es la siguiente:

Procesados como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (Ex Director de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (Ex Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (Empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (Ex funcionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Fuente: telam