>Tras más de un año de una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Criminal “Córdoba” de la Gendarmería Nacional (GNA), en junio pasado fue detenido en la ciudad boliviana de Villazón uno de los integrantes más importantes del “Clan Brizuela”, una organización narco que en 2024 quiso ingresar al país 861 kilos de cocaína desde el país vecino, ocultos en un cargamento de zapallos.

Zacarías Acuña está acusado de haber sido el proveedor de la banda narco y este miércoles pasado llegó al país para afrontar el proceso judicial en su contra, según pudo saber Infobae.

El caso se centra en el hallazgo de un cargamento de más de 860 kilogramos de cocaína, descubiertos en un control de Gendarmería cerca de Rosario de la Frontera, Salta.

Los investigadores identificaron a Ramiro Félix Tapia como el conductor del vehículo, quien admitió transportar la carga a pedido de Juan Carlos Brizuela, apodado “Sieto”.

Espinoza habría coordinado ventas y entregas en Buenos Aires y Córdoba, dialogando sobre precios —3.800 a 3.900 dólares el kilogramo de cocaína en Córdoba— y calidad de la sustancia, según surge de escuchas transcritas en el expediente.

Entre los acusados figuran los hijos de Brizuela, cargadores, choferes —como José María Astorga— y partícipes en la logística y el encubrimiento, como Paola Beatriz Guerrero y Jazmín Ayelén Choque.

En los allanamientos, se secuestraron más de 20 vehículos de alta gama, dinero en efectivo en dólares y pesos —$1.330.770 en uno de los domicilios, según consta en el expediente—, computadoras, armas, municiones y documentación relacionada con la compra-venta de autos.

Al analizar la dinámica del grupo, el juez describió: “Los imputados se habrían dividido previamente sus roles y funciones para la consecución de los fines propuestos, con una constante fluidez y reciprocidad en las comunicaciones entre ellos”. Este punto fue clave para sostener el procesamiento bajo figuras agravadas, como organización y financiamiento del narcotráfico, que prevén penas de 8 a 20 años de prisión, y no solo cargos por “confabulación” o asociación ilícita menor, como reclamaron algunas defensas.

A pesar de estos descargos, la resolución sostiene que “la estructura delictiva se sirvió de una organización familiar ampliada, dotada de recursos humanos e infraestructura técnica, que permitió encubrir las maniobras de tráfico y asegurar beneficios económicos”.

El expediente enumera más de ciento cuarenta escuchas telefónicas, intervenciones directas en rutas y domicilios, y detalla geolocalizaciones cruzadas de los teléfonos intervenidos, que ubicaban a los implicados en las zonas por donde circulaban los camiones o donde se materializaban los envíos.