>A cuatro días de haber comenzado las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación, el Gobierno se debate internamente si realizar una ligera modificación a este período para poder lograr una aprobación parlamentaria antes del comienzo de la Apertura de Sesiones Ordinarias, las cuales se hacen religiosamente todos los 1 de marzo.

“Es muy probable que se pueda dar. Depende de lo que pase en el Senado”, admitió un altísimo integrante del círculo presidencial. Otra fuente admitió: “Lo propusimos y estamos esperando respuesta. Hacemos números para ver si llegamos. Es un escenario probable”.

Una fuente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados explicó que sería ideal lograr un dictamen el viernes 13 de febrero, pero que esto sería prácticamente imposible: y es que existe un plazo obligatorio de 48 horas para terminar de enviar la media sanción de una cámara a la otra.

¿Pero por qué el Gobierno tendría problema en dictaminar el 18 de febrero? Porque el reglamento de la Cámara dice que no se pueden sacar dictámenes 10 días (o menos) antes de que finalicen las sesiones. “Estuvimos muy verdes”, se reían en un importante despacho oficial.

Algo así se había pensado en diciembre del año pasado, cuando se estaba tratando el Presupuesto 2026 y algunos integrantes del oficialismo querían impulsar una extensión de las extraordinarias para poder movilizar la reforma laboral con mayor rapidez. Esto no tuvo éxito: a quienes adoptaban esta postura les hicieron entrar en razón de que no iban a poder convencer a los legisladores nacionales de que se suspendieran las vacaciones, ya que hasta los mismos miembros del Poder Ejecutivo querían tomarse unos días.

La urgencia del oficialismo también responde a que el temario de proyectos que pretende movilizar el Presidente está cada vez más cargado. Cuando Milei convocó a extraordinarias, el paquete estaba compuesto por la reforma laboral, la ley de glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. A partir de diferentes casos de inseguridad que marcaron la agenda pública y en la que estaban involucrados menores, el Gobierno publicó un decreto para oficializar la inclusión de la baja de imputabilidad en menores.

Hay proyectos de las extraordinarias que no se abarcaron en la dimensión de lo que se pensaba. El Gobierno postergó el tratamiento en el Congreso de la nueva Ley de Glaciares, que beneficiaría a la industria minera.

Distinto es lo que sucedió con el Régimen Penal Juvenil. El oficialismo llegó a un acuerdo con sectores de la oposición y convocó a sesión el jueves de la semana que viene en la Cámara de Diputados. El proyecto tiene como punto principal la baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 años.

Fuente: telam