>La operación en marcha para la sanción de la reforma laboral parece haberse complejizado a raíz del persistente reclamo que nuclea a los gobernadores en rechazo al capítulo fiscal del proyecto, en particular al artículo que reduce alícuotas del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que afectaría a la recaudación provincial. Ante los señalamientos provinciales, la mesa política debate internamente si dar lugar o no a cambios, en particular a la eliminación del capítulo y por estas horas, se impone la postura más dura.

Dentro de este grupo que expresa una postura de mayor intransigencia figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Según argumentan desde esta porción de la mesa, la determinación responde al pedido directo del presidente Javier Milei, quien habría solicitado defender el proyecto original que contempla la reducción tributaria para no ceder ante el grueso de los gobernadores, incluido los aliados.

La firme postura es resistida por otro sector, el dialoguista, compuesto por los funcionarios y legisladores que deben encarnar en primera persona las negociaciones con los bloques y sectores aliados. Este espacio está conformado por la jefa de la bancada en la Cámara Alta, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien es asistido en la tarea por su primo, el armador Eduardo “Lule” Menem.

Con pocas garantías para destrabar los reproches, y la orden directa de sostener hasta el final el relato de no dar el brazo a torcer, en Balcarce 50 se muestran optimistas por la sanción de la ley durante las sesiones extraordinarias. Por lo bajo, y casi de espaladas a lo que pregona el grueso del Gabinete, hay quienes anticipan que, de peligrar la aprobación del proyecto de “Modernización”, la decisión final implicará la exclusión del apartado. “Es prioridad absoluta y lo vamos a lograr. La Ley Laboral no cambia nada con o sin Ganancias”, expuso una fuente a este medio.

Pese a que en el oficialismo consideran que el reclamo provincial es mayoritario, aunque descuentan el acompañamiento de Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), los más funcionarios que pregonan una postura más radicalizada se niegan a activar un sistema de compensaciones para las provincias como propusieron algunos de los “dialoguistas”.

El sindicalismo también suma sus resquemores al proyecto y si bien, en un principio mantuvo buena sintonía con la Casa Rosada, incluso lo tuvo a Gerardo Martínez sentado en las reuniones del Consejo de Mayo, tensó su relación en los últimos días y debate por estas horas la posibilidad de convocar a una acción de lucha. “Nos importa poco. No va a haber ningún gesto”, responden desde el Gobierno, luego de que la central anunciara que su Consejo Directivo analiza convocar a un paro general.

Como guiño a los negociadores, hay coincidencia en la posibilidad de admitir cambios que definen como “cosméticos”, ubicados en el segundo tramo del texto, y que podría “mejorar” la redacción del proyecto que diseñaron Luis Caputo y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) para acumular las voluntades legislativas necesarias para su sanción.

Con varios focos de debates abiertos, y en las vísperas de la sesión en el Senado que tendrá lugar el 11 de febrero, la mesa política tiene en agenda un nuevo encuentro para ese mismo miércoles a las 10 en Casa Rosada.

Fuente: telam