06/02/2026
Fraude en el PAMI: pidieron elevar a juicio una causa por recetas truchas que generó un perjuicio millonario
Fuente: telam
Los imputados son un médico y una farmacéutica. Están acusados de emitir más de 600 órdenes apócrifas. Nuevas auditorías ya habían detectado esta modalidad
>La Justicia Federal de Rafaela, provincia de Santa Fe, avanza en una causa que expone una de las modalidades de fraude más recurrentes detectadas en el sistema de salud de los jubilados. El fiscal federal Jorge Gustavo Onel solicitó formalmente la elevación a juicio de la causa contra A. J. M., un médico de 72 años, y G. V. B., farmacéutica y titular de un comercio del rubro, por el delito de defraudación contra la administración pública. El pedido fue presentado ante el juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa.
Según la investigación, los profesionales confeccionaron recetas apócrifas con el objetivo de simular la provisión de medicamentos a afiliados del PAMI. En total, se detectaron 636 prescripciones emitidas a nombre de 78 jubilados que no pertenecían a la cápita del médico imputado.Para los investigadores, el rol de cada acusado estuvo claramente delimitado. El fiscal sostuvo que la farmacéutica actuó como autora del fraude, al utilizar el sistema informático del PAMI para generar disposiciones patrimoniales indebidas en su favor. El médico, en tanto, fue considerado partícipe necesario, ya que habría facilitado su usuario y clave de acceso al sistema de receta electrónica, un aporte sin el cual la maniobra no hubiera sido posible.
La investigación que ahora se encamina al juicio oral tuvo su punto de partida en una alerta interna. La Unidad Fiscal especializada en delitos vinculados al PAMI (UFI-PAMI), a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, recibió un correo electrónico enviado por el área legal del organismo que advertía sobre presuntas inconsistencias en la dispensa de medicamentos en una farmacia de Rafaela.
A partir de ese dato, tomó intervención la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, que comenzó a revisar documentación digital surgida de auditorías administrativas del PAMI. El relevamiento incluyó entrevistas al azar a otros afiliados de la ciudad, quienes en su mayoría desconocieron al médico investigado y negaron haber recibido o consumido los medicamentos que figuraban en el sistema como prescriptos y dispensados.
La pesquisa avanzó con un dato técnico clave. Un informe de una empresa de telecomunicaciones confirmó que las recetas electrónicas habían sido emitidas desde computadoras cuyas direcciones IP estaban asociadas al domicilio comercial de la farmacia. Esa información fue corroborada luego por tareas de campo de la Gendarmería Nacional, permitiendo identificar tanto el domicilio real como el comercial de la farmacéutica.
En paralelo, el PAMI avanzó con un sumario administrativo que derivó en una sanción económica contra el médico. En ese expediente interno también se entrevistó a 10 afiliados; todos aseguraron no conocerlo ni haber adquirido medicamentos en la farmacia involucrada.
Tras reunir la evidencia, el fiscal Onel pidió la indagatoria de los imputados. Si bien en febrero de 2024 un juez federal dictó la falta de mérito, la decisión fue apelada y revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. En agosto pasado, los camaristas consideraron acreditado, con el grado de probabilidad exigido, que existió una maniobra sistemática para provocar un gasto indebido al Estado.Con ese respaldo, y tras descartar que se tratara de hechos aislados por la magnitud del caso, el juez Cuello Murúa dictó el procesamiento de ambos imputados, sin prisión preventiva, por defraudación contra la administración pública. Esa resolución es la que ahora habilitó el pedido de elevación a juicio oral.El caso se inscribe en un escenario mucho más amplio de controles y auditorías que el PAMI viene profundizando desde el año pasado y que dejaron al descubierto prácticas sistemáticas de fraude en distintas áreas sensibles del sistema de salud de los jubilados.Relevamientos internos a los que tuvo acceso Infobae revelaron volúmenes de prestaciones médicas incompatibles con cualquier jornada laboral razonable y con la infraestructura declarada por los propios prestadores. En uno de los episodios más llamativos, un centro de gastroenterología con apenas dos quirófanos informó haber realizado 283 prácticas en solo cinco horas, un número considerado materialmente imposible por los auditores.Las auditorías también expusieron turnos superpuestos, consultas asignadas en el mismo horario a un mismo profesional para prácticas distintas y el uso compartido de credenciales para emitir recetas y órdenes médicas, una práctica que vulnera los controles básicos del sistema de trazabilidad.
Según los informes oficiales, estas irregularidades forman parte de un entramado más complejo que incluye recetas electrónicas falsas, facturación de prestaciones inexistentes, uso indebido de datos personales de afiliados y la emisión de órdenes sin que mediara atención médica real. En muchos casos, los jubilados figuraban como pacientes atendidos sin haber recibido nunca la consulta, el tratamiento o el medicamento.Frente a este panorama, el PAMI puso en marcha un esquema de control más estricto que incluye auditorías permanentes, monitoreo de umbrales prestacionales, uso obligatorio del turnero digital, cruce de datos para detectar patrones irregulares y penalizaciones automáticas ante desvíos injustificados. También se centralizaron las compras de insumos desde PAMI Central, con el objetivo de eliminar sobrecostos y cerrar circuitos opacos heredados de gestiones anteriores.
Con causas judiciales abiertas, sumarios administrativos en marcha y auditorías activas, el PAMI intenta reordenar una de las cajas más sensibles del Estado y recuperar la confianza en un sistema históricamente atravesado por irregularidades.
Fuente: telam
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