La especialista indicó que muchos pequeños empresarios la consultan sobre los cambios concretos de la reforma, ya que mecanismos como el “banco de horas” o el fraccionamiento de las vacaciones ya se aplican en la práctica. “Muchos desconocen los riesgos que enfrentan por mantener prácticas, incluso acordadas con los trabajadores, que carecen de respaldo legal en caso de accidente, inspección o juicio laboral”, añadió en diálogo con Infobae. Es que si bien en la diaria varias firmas permiten que sus empleados dividan las vacaciones, lo hacen en contra de la ley, que establece un mínimo de 14 días corridos.

Entre los puntos más relevantes, la experta destacó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que prevé un aporte del 3% de la nómina salarial de las empresas para cubrir futuras indemnizaciones. “Es un cambio sustancial para muchas pequeñas empresas porque les dará mayor seguridad para afrontar indemnizaciones laborales. También beneficia a los trabajadores, que tendrán mayor certeza de cobro”, afirmó.

Y aclaró que la medida no representará un costo adicional para las empresas, ya que las cargas sociales se reducirán en igual proporción. >Otra iniciativa relevante es el “blanqueo de trabajadores”, que prevé como incentivo para el empleador una reducción significativa de las contribuciones patronales. Las destinadas al SIPA, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares quedarán en 2%, mientras que las correspondientes al PAMI se ubicarán en 3 por ciento. “El objetivo es que las empresas, especialmente las pymes, que concentran la mayor parte del empleo informal, regularicen a sus trabajadores”, explicó Mastromarino.

Uno de los cambios más destacados de la reforma es la definición de los conceptos que se deberán considerar para calcular las indemnizaciones. “En la actualidad, según la provincia y la interpretación de la Suprema Corte local, ciertos conceptos pueden incluirse o no. El proyecto también establece que los intereses judiciales se calcularán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual. Se fija así un criterio nacional, lo que implica una modificación”, detalló Silvina Scarimbolo. Además, resaltó que si la reforma se aprueba en el Congreso, dejará de existir la obligación de preaviso en el contrato de prueba de los trabajadores, eliminando un costo laboral para las empresas.

En el título 23, la reforma introduce modificaciones fiscales como un mecanismo indirecto para impulsar la contratación privada, reduciendo la carga del Estado sobre el sector privado. Entre ellos, sobresale el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), reclamado hace tiempo por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Sin embargo, la contadora Elizabeth Piacentini advirtió que “los umbrales son elevados, ya que el monto mínimo de inversión para acceder a los beneficios es de USD 150.000”. Piacentini participó en las reuniones entre cámaras empresarias y el Gobierno, donde se propuso disminuir ese piso a 50.000 dólares. El acceso al RIMI permite deducir un porcentaje mayor en el impuesto a las Ganancias y recuperar el IVA, aunque estas ventajas solo aplican si la inversión alcanza al menos los 150.000 dólares.

Cabe destacar que estas no son la únicas reducciones impositiva previstas. Además de la baja en el impuesto a las Ganancias para sociedades, la reforma contempla una disminución de los impuestos internos sobre los seguros, la telefonía celular y los automóviles, así como también sobre bienes suntuarios como el oro y las embarcaciones. Estas modificaciones han generado cuestionamientos.

Fuente: telam