“Para nosotros significa dar un paso muy importante, fundamentalmente, en la seguridad”, afirmó Baigorri en declaraciones recogidas por Diario Huarpe, y recordó que, salvo en los inicios del sistema de flagrancia, los fiscales de la provincia no habían sido provistos de este tipo de protección.

Sobre la modalidad de uso, el fiscal General explicó que, ante la posibilidad de enfrentar situaciones conflictivas como pedradas o ingresos a lugares donde puede haber balaceras, el uso del chaleco “indudablemente tiene que ver con qué tipo de situación haya que enfrentar, pero sí es obligatorio” para todo el personal fiscal.

Finalmente, el secretario de Seguridad subrayó que la decisión apunta a anticiparse a situaciones graves. “No esperemos que suceda un hecho grave para recién venir con el chaleco. Hubo una iniciativa del Ministerio Público Fiscal y una respuesta del Gobierno de la provincia, en este caso de la Secretaría de Seguridad”, concluyó.

Sucedió este mediodía en el edificio judicial ubicado en el cruce de Pueyrredón y Cerrito, en el partido de San Martín, donde funciona el Juzgado de Garantías N°5 de ese distrito, a cargo del juez Nicolás Schiavo: allí denunciaron que un grupo de 20 personas con armas blancas irrumpió en la mesa de entradas.

El caso fue ventilado por el diario La Nación, donde contaron que en los tribunales vincularon el ataque a una organización criminal allanada el 22 de enero pasado y a los que les secuestraron una escopeta, una pistola calibre 9 milímetros, chalecos antibalas y municiones.

En el texto se habla de “un grupo de aproximadamente 20 personas que portaban armas blancas” y que actuó “en represalia por la detención de integrantes de una organización dedicada al narcotráfico”.

Para el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, “el hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales y puso en riesgo la integridad de magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas, empleados y ciudadanía que acude diariamente a los tribunales”.

Para finalizar: “Estos episodios no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado”.

Fuente: telam