>La fiscal federal Josefina Minatta presentó una denuncia por presunto daño ambiental contra el proyecto de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF impulsa en Paysandú, Uruguay. En el escrito, advirtió que el emprendimiento podría generar contaminación con impacto en territorio argentino y sostuvo que el Gobierno uruguayo incumplió el Estatuto del Río Uruguay, según consta en una presentación ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.

La acción es, por ahora, la formalización de la investigación que venía llevando adelante. No hay imputaciones formales.

Además, en el documento hizo un repaso de las actividades que desarrollaría HIF y su impacto directo. Por eso sostuvo que podría incurrir en el delito de contaminación. Como correlato, exigió una serie de medidas para evitar que el posible daño se concrete.

La planta de HIF en Paysandú representará una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Se trataría de la principal inyección de capital privado extranjero en la economía uruguaya. El complejo tendría la capacidad de producir 876 mil toneladas de e-metanol y 313 mil toneladas de e-gasolina.

En total, se prevé una producción de 880.000 toneladas de e-combustibles anuales en la última fase del proyecto. La empresa ya tiene contratos previos asegurados en Europa para colocar los productos.

La acción judicial no está en línea con los esfuerzos diplomáticos que han hecho la Nación y la Provincia para encauzar el conflicto. Fuentes del gobierno de Rogelio Frigerio indicaron que siguen apelando al diálogo.

Por otro lado, resaltaron que la administración provincial “no se involucra en procesos judiciales. No emitimos opinión de denuncias ni de fallos”, consignaron.

En su escrito, Minatta enumeró: “La toma indiscriminada de agua del río Uruguay para utilizar su hidrógeno, la contaminación visual que se observará desde Colón, la incineración de madera para obtener carbono, así como la contaminación gaseosa y líquida que se verterá y decantará sobre el río Uruguay resultan factores concretos asociados al efectivo funcionamiento de la industria HIF Uruguay SA”.

Luego, detalló los distintos avances que tuvo el proceso. Esto incluye acciones tomadas tanto por el Gobierno blanco como el frenteamplista.

En la argumentación, Minatta tuvo en cuenta expresiones de grupos ecologistas e informes públicos. En concreto, estas inquietudes alertaron por “las emisiones atmosféricas y térmicas provenientes de chimeneas, antorchas y calderas, emisiones sonoras de la planta”.

En sintonía, la Fiscal consideró que la operación del complejo industrial podría “generar impactos visuales y lumínicos sobre el entorno, el bienestar de la población vecina y la fauna nocturna, en particular a las aves sensibles a la luz”.

Otro punto donde Minatta puso el acento fue en la falta de información a la CARU (Comisión administradora del río Uruguay) de las tratativas que el Gobierno uruguayo lleva adelante con HIF. La CARU es un órgano binacional que se encarga de administrar el recurso compartido. De allí que la fiscal haya alegado que existió omisión de “desplegar los mecanismos previstos en el Estatuto”.

“El caso bajo estudio presenta bases similares al conflicto suscitado en la región entre los años 2003 y 2010, a raíz de la instalación de plantas de pasta celulosa en Fray Bentos (ROU), frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú”, alertó la funcionaria judicial.

Citando el fallo por Botnia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Minatta trajo a colación el rol central que tiene la CARU para administrar el río.

Por otro lado, señaló que es preciso estimar “el efecto que la industria podría aparejar sobre las especiales condiciones de vulnerabilidad de la población ribereña, expuesta ya a inundaciones y riesgos climático”.

“Si bien la planta no comenzó a funcionar, sí se han emitido en Uruguay resoluciones favorables al avance del proyecto”, razonó la Fiscal. Luego, evaluó que la iniciativa conlleva una “contaminación probable a pesar de que se desconoce su verdadera magnitud”.

Además, reclamó que la CARU y la secretaría de Ambiente de la Nación tomen medidas para evaluar la calidad del agua y del aire en la zona del conflicto.

Fuente: telam