05/02/2026
Parlamentarios chilenos exigen investigar el polémico proyecto de cable submarino que busca unir Chile y China
Fuente: telam
Bajo las aguas del océano Pacífico se desarrolla una disputa estratégica que rara vez aparece en la agenda pública, pero que resulta central para la economía digital, la seguridad nacional y el equilibrio de poder global. En ese escenario se inscribe el proyecto Chile–China Express (CCE), un cable submarino impulsado por la empresa Inchcape Shipping Services (ISS) que busca conectar directamente a Chile con Hong Kong. Presentado como una apuesta por la autonomía digital y la modernización tecnológica, el proyecto expone, en realidad, una trama más compleja de intereses geopolíticos, vulnerabilidades críticas y competencia entre grandes potencias.
>Parlamentarios están preocupados por una iniciativa que podría alejar a Chile del mapa regional. A inicios de julio del año pasado, la Inchcape Shipping Services (ISS), una de las principales multinacionales de gestión portuaria y servicios marítimos del mundo, presentó a la empresa Puerto Valparaíso los avances que se han llevado a cabo en el proyecto Chile–China Express (CCE), iniciativa secundada por el gobierno de Gabriel Boric que busca unir mediante un cable submarino de fibra óptica la ciudad de Valparaíso con Hong Kong.
En dicha reunión, Víctor Oelckers, gerente general de ISS, sostuvo que el Chile-China Express (CCE) es también fundamental para la autonomía digital de Chile, pues “hoy día los únicos cables que tenemos de fibra óptica submarina para conectarnos al mundo dependen de Estados Unidos. Esto permitiría ampliar la cobertura y disminuir el riesgo en caso de que le pasara cualquier cosa a esos cables”.
Sin embargo, lo cierto es que el Chile–China Express (CCE) ha avanzado con bastante secretismo, a diferencia del Cable Humboldt, desarrollado también por el gobierno de Chile en conjunto con Google, la empresa estatal Desarrollo País y la Oficina de Correos y Telecomunicaciones de la Polinesia Francesa.
En contraste, el Chile–China Express aparece en registros de la industria como una iniciativa “en progreso” a cargo de Inchcape/ISS, con escasa información disponible sobre su financiamiento, consorcio y términos contractuales, y ningún anuncio por parte del gobierno.
A su vez, la Ley de Inteligencia Nacional exige la colaboración activa de cualquier empresa, dentro y fuera del país, con las actividades de inteligencia del Estado. En la práctica, esto significa que datos que circulen por infraestructura gestionada por empresas chinas pueden ser puestos a disposición de Pekín sin que los usuarios ni los Estados interconectados tengan forma de impedirlo.
Debido a esto, parlamentarios de oposición chilenos alzaron la voz calificando el proyecto como “incómodo” y exigieron que el nuevo gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, lo “corrija con urgencia”, tal como lo manifestó el senador por la Región de Magallanes, Alejando Kusanovic, quien fue el primero en levantar las alarmas.
A fines de julio de 2025, el senador Kusanovic publicó una columna en el medio El Líbero titulada “Un proyecto incómodo“, en la que advirtió las implicancias geopolíticas y estratégicas del Chile–China Express, sobre todo “en los meses finales de un gobierno que ha mantenido una relación irresponsable con Estados Unidos, vínculo que Chile tradicionalmente ha cuidado por razones de interés nacional y de estabilidad en su política exterior >Kusanovic recordó que en 2017, el gobierno chino y empresas estratégicas de ese país invitaron al entonces candidato presidencial, Gabriel Boric, a visitar instalaciones de una reconocida firma tecnológica, gesto que significó “una señal de cercanía política del Partido Comunista Chino hacia un sector del espectro político chileno”.El legislador también criticó la exclusión de Isla de Pascua y del archipiélago Juan Fernández del trazado del cable Humboldt, proyecto originalmente pensado para conectarlos.
Según Kusanovic, Chile ha mostrado apertura al comercio y cooperación con China, “pero precisamente por su peso en nuestra economía, debemos exigir reciprocidad, transparencia y pleno respeto a nuestras normas e instituciones. Ningún proyecto de esta magnitud puede avanzar sin una base política sólida ni al margen del Estado >“Lo que parte mal, termina mal. Si China, o cualquier otra potencia, desea invertir en Chile, las puertas están abiertas, pero bajo reglas claras y con absoluto respeto a nuestra soberanía, alianzas históricas e institucionalidad democrática >En conversación con Infobae, Kusanovic -quien acaba de anunciar un quiebre total con el Partido Republicano y el futuro gobierno de José Antonio Kast-, volvió a la carga, acusó secretismo por parte de la administración de Boric y exigió al gobierno del presidente electo “corregir con urgencia” el Chile–China Express.
-¿Qué ha sabido al respecto desde julio a la fecha? ¿Avanza el proyecto? ¿Ha oficiado o piensa oficiar a algún ministerio para que se pronuncie sobre este tema? ¿Hay otros parlamentarios además de Ud. preocupados por esto?
-¿Cómo se explica que China Mobile, con más de mil millones de clientes, ya haya formalizado una empresa en Chile con un capital inicial de USD 3 millones?
-¿Se enteró de la visita del Tan Suo Yi Hao, buque científico chino que vino a explorar la Fosa de Atacama en convenio con una universidad, el que ha sido catalogado como “barco espía” por analistas internacionales?
-¿Debe el gobierno de Kast tomar cautelas o replantear este proyecto?
En la misma línea, el diputado republicano Hotuiti Teao, confirmó a Infobae que “hemos solicitado que al retorno del receso legislativo (2 de marzo), la Comisión de Defensa Nacional realice una sesión secreta para revisar los antecedentes del proyecto de cable submarino que conectaría Chile con Hong Kong”.
“Este proyecto se vincula directamente con infraestructura crítica de telecomunicaciones y con decisiones que inciden en la proyección digital del país. Además, según los antecedentes disponibles, no incorporaría territorios estratégicos como Rapa Nui (Isla de Pascua) y el Archipiélago Juan Fernández, lo que hace necesario revisar los criterios de integración territorial considerados en su formulación”, agregó el oriundo de Rapa Nui en su comunicado.
Así las cosas, “estos factores justifican plenamente que el Congreso ejerza su función fiscalizadora con el nivel de reserva y profundidad que corresponde”, remató el congresista.
Fuente: telam
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