La Biblioteca del Congreso de la Nación es una institución pública que depende de ambas cámaras. La administra una comisión integrada por seis diputados y otros tantos senadores. La última conformación tuvo mandato hasta diciembre de 2025. Su presidenta fue la senadora Luisa Ávila (Tucumán - Partido de la Justicia Social). Infobae intentó contactarla, pero no respondió los mensajes.

«Pajarito» quedó como empleado de la biblioteca a principios de siglo. Cuando Kueider llegó al Senado en diciembre de 2019, lo llevó a trabajar con él. La relación tenía dos facetas. Una en lo público: González quedaría adscripto al despacho del entonces senador y no debía cumplir con las formalidades de horarios y demás en la BCN. La segunda, en lo privado: tenía que “poner el rostro” como presidente de Betail SA.

Kueider adquirió la empresa ese mismo mes, a días de asumir su banca. «Gonzalito» figuraba como dueño del 50% de las acciones. Y, en los papeles, era el presidente. Duró poco. En los primeros meses de 2019, el ex senador repatrió de España a su primo Javier Rubel. Este albañil de Concordia se quedó con la parte y el cargo de González en Betail.

«Gonzalito» era, además, el dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que circulaba Kueider cuando fue detenido en Paraguay. Junto a él iba su ex secretaria Iara Guinsel. Trasladaban más de USD 200 mil sin declarar. Por esa maniobra, será juzgado en Asunción en el mes de abril. Lo acusan de contrabando en grado de tentativa. El Estado paraguayo incautó el dinero y el vehículo.

Federico Domínguez es el fiscal federal en quien Arroyo Salgado delegó la instrucción de la causa. El funcionario consideró en el expediente que la empresa era, en realidad, “una fachada, una pantalla”.

En la investigación judicial figura que entre marzo de 2021 y agosto de 2023, Kueider adquirió departamentos y cocheras en un edificio de lujo de la ciudad de Paraná. Esas unidades se registraron a nombre de Betail SA. Tres testigos aportaron esos datos. Se trata de personas vinculadas a la desarrolladora inmobiliaria que construyó el complejo.

Conforme a la hipótesis fiscal, esta estrategia se habría gestado porque Edgardo Kueider “nunca registró ingresos legales suficientes como para solventar dicha operación inmobiliaria en la modalidad expuesta”.

La suma de todos los montos no se acerca al 50% del valor pagado por los inmuebles.

Por último, otro dato es que González y su pareja, Adriana Crucitta (también vinculada a la causa), tenían una sociedad en común. Se llama Peninsular Sudamericana SAS. A través de esta figura, se ingresaba dinero a la cuenta de Betail SA. Por su parte, Guinsel usaba esos fondos para atender gastos de los departamentos, como expensas y servicios

El propósito, según la hipótesis fiscal, era que la pareja de Kueider apareciera ejerciendo el carácter de administradora de los inmuebles a fin de “ocultar la verdadera titularidad de dichos bienes”.

Fuente: telam