El recorte de los subsidios energéticos fue uno de los pilares del ajuste fiscal que encaró el Gobierno el año pasado. La decisión -que pasó de tres categorías de hogares con subsidios a solo dos- permitió reducir el gasto público y avanzar hacia un esquema más ordenado. De esta forma, la asistencia del Estado quedó concentrada en los hogares de menores ingresos, mientras que el resto de los usuarios comenzó a pagar tarifas más cercanas a los costos reales del sistema.

Desde el punto de vista fiscal, el cambio fue clave para mejorar las cuentas públicas y reducir una de las principales fuentes de desequilibrio estructural.

“Al gobierno de Cambiemos le costó muchísimo transmitir una realidad muy simple. Para que el sistema funcione, la energía se asigne de manera eficiente, recuperemos el superávit energético y eliminemos el déficit financiado con emisión, es necesario que cada uno pague lo que consume, salvo que por su situación de vulnerabilidad social no pueda, en cuyo caso, el estado ayuda. A Martín Guzmán, acercar el barco a ese puerto le costó la cabeza, porque el kirchnerismo duro no estaba dispuesto de dejar de usar los subsidios de manera populista”, analizó Tetaz.

El mayor orden fiscal, sin embargo, no se trasladó de manera automática al plano monetario y cambiario. A pesar de la baja del riesgo, el esquema, alertó Tetaz en su escrito, sigue mostrando tensiones que dependen, en buena medida, de la capacidad del Banco Central para acumular reservas sin generar presiones sobre el tipo de cambio.

La estrategia oficial apuesta a que la desinflación permita una remonetización de la economía. El problema, adelantó el economista, es que “ese equilibrio es frágil”. A medida que la actividad comienza a reaccionar, crece también la demanda de divisas para importar, invertir o ahorrar. Entonces, si ese proceso no viene acompañado por un ingreso sostenido de capitales, el esquema cambiario queda expuesto. En ese escenario, la presión sobre el dólar puede reaparecer, incluso sin desequilibrios fiscales de fondo.

“El ordenamiento de las cuentas públicas no se tradujo, al menos por ahora, en una mejora visible de la actividad”, dijo Tetaz en su estudio. Mientras el Gobierno consolidó el superávit fiscal y redujo el riesgo asociado al frente macroeconómico, la microeconomía sigue mostrando señales de debilidad, con sectores productivos que todavía no logran despegar.

Los datos de actividad confirman ese desfasaje. Según estimaciones citadas por el exfuncionario, la economía retrocedió 0,8% en noviembre y volvió a niveles similares a los de principios del año pasado, con sectores muy castigados, como el de la construcción.

La desaceleración de la inflación, la contracción del crédito y el encarecimiento del financiamiento impactaron sobre el consumo y la inversión, en un contexto de mayor ajuste sobre los ingresos reales.

En términos cambiarios, el problema, según el análisis de Tetaz, es que la existencia de una banda superior obliga al Banco Central a vender reservas si el tipo de cambio supera el techo de la misma. Ese mecanismo, diseñado para contener sobresaltos, entra en contradicción con el objetivo -reforzado por pedido del FMI- de acumular dólares, una condición clave para continuar con la baja del riesgo país.

La situación se vuelve aún más delicada en un contexto internacional volátil. Movimientos relativamente acotados del tipo de cambio —provocados por factores externos y no por desequilibrios locales— pueden activar ventas de reservas sin que exista un problema macroeconómico de fondo.

A ese escenario se suma otro factor clave para la recuperación de la actividad. Para Tetaz,A pesar de que la esperanza del Gobierno era tratar la nueva regulación antes del final de 2025, la iniciativa se postergó y quedó para febrero. Según el economista, la demora respondió más a un acuerdo político con los gremios que a una falta de votos en el Congreso, especialmente si se tiene en cuenta que el Senado —la cámara más resistente a ese tipo de cambios— fue donde el Gobierno mostró mayor capacidad de negociación durante la aprobación del Presupuesto.

Fuente: telam