>El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reportó que al menos 873 violaciones a la libertad religiosa ocurrieron en la isla en 2025, con un repunte de represalias entre marzo y junio, y especial intensidad en momentos de crisis social.

Según el OCDH, el Estado cubano mantuvo una estricta supervisión sobre los grupos de fe, pese a que la Constitución reconoce el carácter laico del país y el derecho a la libertad de culto.

El texto también subrayó que las acciones represivas “afectaron a iglesias y movimientos espirituales independientes, líderes religiosos, sacerdotes, laicos, presos políticos y familiares”, lo que ratifica que “el ejercicio de la libertad religiosa sigue subordinado a los intereses del poder político”.

En ese mensaje, los prelados solicitaron “crear un clima para llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita”.

En diciembre, el sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, fue expulsado de Cuba luego de que las autoridades se negaron a renovar su residencia temporal. Según el OCDH, la medida se ejecutó después de que Ramírez tocó las campanas de la Iglesia de La Milagrosa, en La Habana, en apoyo a los vecinos del barrio Santos Suárez que protestaban por los cortes de electricidad.

Durante el año, la Seguridad del Estado cubana llevó adelante acciones represivas contra Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia (CEC), y Yoandy Izquierdo Toledo, miembro de la misma organización en Pinar del Río. Recibieron citaciones frecuentes, sufrieron episodios de hostigamiento y se les impidió viajar a La Habana en fechas consideradas “sensibles”.

La ONG también reportó la denuncia del pastor exiliado Alain Toledano Valiente, quien afirmó que su esposa Marilin Alayo fue citada nuevamente por las autoridades cubanas en agosto, en el marco de una persecución prolongada contra su familia. La citación se sumó a años de vigilancia y represalias, incluyendo la imposibilidad del pastor de acompañar a su hija durante su enfermedad terminal.

En los meses de julio y agosto, la represión se agravó contra altos representantes de la Gran Logia de Cuba, en un contexto de disputas internas y creciente intervención estatal en la masonería. El informe del OCDH señaló un aumento del hostigamiento contra los líderes masónicos críticos, como Juan Alberto Kessel Linares y José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 en Cuba. Se documentó la apertura de procesos investigativos con medidas cautelares, citaciones y detenciones arbitrarias, así como presiones sobre la autonomía de las organizaciones fraternales y religiosas.

Fuente: telam