Y eso es lo que ocurrió una tarde de mayo de 1972. Ya hacía tiempo se venían presentando todo tipo de denuncias y quejas, tanto de familiares como de parte de trabajadores: pésimos sueldos, abandono, sobrepoblación, condiciones inhumanas edilicias y de alimentación.

La doctora Creimer sabía que el contexto no la ayudaba. Desde hacía seis años gobernaba en la Argentina una dictadura militar, y el activismo legal en favor de personas vulnerables estaba mal visto por el régimen; más cuando lo pretendía llevar a cabo una mujer sin ningún tipo de cargo más allá de su credencial de simple abogada. Por eso, una de las estrategias que Matilde usó para escudarse fue hacerse cargo de la Comisión de Minoridad y Familia del Colegio de Abogados de La Plata; desde allí pensó que tendría mayor legitimidad para sus planteos, mayor apoyo.

Omar Roberto Ozafrain era un juez comprometido que ya había intervenido en otros casos impulsados por Matilde y en los que se mostraba receptivo a sus planteos. Esta vez la solicitud era en favor de todos los internos y por la omisión del ministro de Bienestar Social de la provincia de Buenos Aires al permitir que “manifiestamente ilegal se mantuviera a los enfermos alojados en condiciones infrahumanas, en contra de la Constitución”.

Previo a decidir, el juez quiso escuchar la opinión del doctor Manuel Capurro, psiquiatra de tribunales, quien también los acompañó en la recorrida. Su dictamen fue preciso y lapidario al describir las condiciones del lugar y en él se apoyó el magistrado para hacer lugar al pedido de amparo de Creimer.

Para la época en que fue dictado este fallo, se trata de un antecedente adelantado de la más progresiva jurisprudencia que se dictará varias décadas después, sobre la temática de la salud mental.