>A menos de una semana del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, el oficialismo comenzó a analizar el reclamo de los gobernadores para que haya cambios en el esquema de baja del impuesto a las Ganancias para las empresas. Sin embargo, todavía no hay definiciones al respecto y, por el momento, no se modificará el texto de la reforma laboral que ya tiene dictamen.

El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la presencia de la secretaria general, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del partido en el Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae algunos de los protagonistas de esa reunión, una de las cuestiones que se abordaron fue, justamente, el pedido recurrente de las provincias por el artículo vinculado a Ganancias.

Las autoridades nacionales planean reducir las alícuotas de este impuesto para las sociedades, de manera tal que para los tramos 2 y 3 los cobros pasen de 30% a 27% y 35% al 31,5%, respectivamente.

Este planteo se lo hizo, por ejemplo, el mendocino Alfredo Cornejo a Santilli cuando ambos se reunieron días atrás, en el marco de la gira del ministro por el interior del país.

La discusión por Ganancias sería uno de los temas de esos encuentros, principalmente con el primero de ellos, ya que se trata de uno de los distritos más perjudicados si se implementa la quita de alícuota.

“Ganancias es el impuesto coparticipable por excelencia. Sería una caída de 5.000 millones de pesos, que no es un número menor”, advirtió en declaraciones a una radio local.

“Para ahora no hicieron ninguna propuesta de cambio”, comentó a Infobae una fuente cercana a varios mandatarios provinciales.

Este detalle genera opiniones encontradas entre los gobernadores, ya que mientras algunos aseguran que “tranquiliza esa aclaración”, otros se muestran más intransigentes: “Yo no escuché a ninguno mostrarse satisfecho por eso”, cuestionó una fuente de diálogo directo con varios mandatarios.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó el dirigente radical.

A partir de ahora, el oficialismo se enfrentará al debate en el recinto. Las autoridades libertarias pretenden que la iniciativa se trate el 10 de febrero para que pase a los pocos días a Diputados y consiga Sandino definitiva antes del cierre de las sesiones extraordinarias.