Los datos disponibles permiten describir un desempeño que, al menos en ciertos indicadores, luce por encima de la justicia común. La tasa de sentencias condenatorias en esta jurisdicción alcanza el 77,6%, y la eficiencia procesal reduce los tiempos promedio de resolución a 4,3 meses en unidades de primer nivel, con promedios de 5,3 meses en tribunales y 2,4 meses en salas, lo que sugiere una capacidad de respuesta relativamente estable en el tiempo incluso con incremento de casos.

La especialización también se refleja en la distribución de decisiones por instancia. En el primer nivel predominan autos de llamamiento a juicio (43,3%), seguidos por resoluciones por conflicto de competencia (22,7%) y decisiones mixtas (10,8%), mientras que la emisión de sentencias condenatorias es marginal (4,4%) en esa etapa, lo que confirma que el peso sentenciador recae en los tribunales.

El uso de la prisión preventiva aparece como otro rasgo del modelo. La prisión preventiva concentra el 75,3% de las medidas cautelares, seguida por la prohibición de salida del país con obligación de presentación periódica (18,7%). Esto no prueba por sí mismo “mejor justicia”, pero sí muestra una orientación: priorizar el aseguramiento del proceso en delitos graves donde el riesgo de fuga y obstrucción suele ser alto.

En materia penal sustantiva, el tipo imputado dominante es la delincuencia organizada. Este delito representa el 63% de las imputaciones, y el procesamiento se realiza mayoritariamente por procedimiento ordinario (84,8%) frente al abreviado (15,2%). En sanciones económicas, el 69% de sentenciados por delincuencia organizada recibe multas entre 10 y 20 salarios básicos unificados (SBU, que en Ecuador es de USD 470), proporción similar a la observada en tráfico de armas (80% en ese rango), mientras que en terrorismo la severidad sube: 88% con multas entre 50 y 60 SBU. Y respecto a decomisos, al 50,2% de los procesados sentenciados se les requisó al menos un bien.

Los resultados no eliminan problemas estructurales. Según el análisis internacional, el rezago de causas activas se concentra en tribunales (55% hasta julio de 2025), lo que sugiere cuellos de botella en la instancia sentenciadora. Además, el mayor factor de fricción aparece en los diferimientos: De acuerdo al análisis de una organización internacional especializada en el tema, y basada en información pública, el 86% de las causas registra al menos un diferimiento, por inasistencias, cambios de defensa, fallas en conexiones de audiencias virtuales u otros factores que no siempre dependen del juez.

Incluso con digitalización, hay un problema de transparencia utilitaria: menos del 5% de los casos figura como reservado, pero la calidad de la información publicada en el sistema judicial constituye un área de mejora.

Ecuador ensaya una respuesta institucional que se acerca a experiencias europeas de especialización frente a criminalidad compleja. Los números muestran avances, pero la prueba de fuego está en sostener esos estándares en medio de una institucionalidad debilitada, de la volatilidad del ecosistema político ecuatoriano y de las falencias estructurales del sistema de justicia.

Fuente: telam