“Hoy lo estuvimos discutiendo. Veremos. Porque las sesiones extraordinarias arrancan el 2 de febrero y, hasta que nosotros votemos las leyes, en la Cámara de Diputados no hay temas. Podría ser un tema importante, que fue relegado, que ya tenía dictamen ahí, que se cayó, pero que lo puede tener inmediatamente”, profundizó otra fuente de la mesa.

Hay quienes en ese grupo de dirigentes ponen paños fríos a ese asunto y marcan que debe tratarse en su integralidad junto al resto de modificaciones del Código Penal. “La reforma de la baja de imputabilidad está contemplada dentro de la reforma que estamos terminando”, marcó otra importante fuente.

La reforma del Código Penal fue incluida incluso en el temario de extraordinarias de diciembre último, pero nunca se llegó a tratar por falta de consenso y porque la Casa Rosada prefirió priorizar las negociaciones por el Presupuesto 2026 y el avance en las negociaciones del proyecto de Modernización Laboral.

Además de que se habilite a que un menor sea punible desde los 14 años, el dictamen marcaba que, en los procesos penales seguidos contra niños, niñas o adolescentes, regirán todos los principios, derechos y garantías que surgen del sistema procesal acusatorio, que no se puede interrumpir sus estudios y que se deben implementarse programas de educación.

Pero la idea que prosperó en las mesas políticas y técnicas del Gobierno fue que la iniciativa debía estar cubierta por un paraguas con reformas más amplias e integrales. “Hay todo un régimen penal juvenil, que incluye no solamente la baja de la edad, sino también cuestiones de políticas de Estado, de inserción y asistencia social, tratamiento terapéutico, etcétera. Es decir, son un montón de herramientas para pensar qué hacer con un chico que delinque“, La reforma integral del Código Penal pasó por dos etapas. En primer término, un grupo de penalistas, con integrantes como el juez Mariano Borinsky y el abogado Jorge Boumpadre, entregó una primera versión con un total de 540 artículos que luego se amplió a 912 artículos. Meses después, se inició un extenso período de revisión con una mesa de estilo político, encabezada por el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; la abogada Macarela Alifraco; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la flamante senadora Patricia Bullrich y el abogado penalista Fernando Soto, del equipo de la exfuncionaria.