La fiscalización comenzó a partir de alertas generadas por sistemas internos de análisis de riesgo, que detectaron inconsistencias en la facturación recibida por la AFA. Estos controles permitieron identificar pagos a proveedores incluidos en la base de contribuyentes no confiables, un registro oficial que agrupa a firmas consideradas apócrifas o sin sustento económico real.

Tras la fiscalización inicial, ARCA dictó dos resoluciones administrativas que determinaron ajustes fiscales en concepto de Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas e IVA. Las resoluciones fueron notificadas electrónicamente a la AFA a comienzos de 2026, otorgándole los plazos legales para presentar su descargo y pruebas.

En simultáneo, se abrió una investigación adicional a partir de nuevos cruces sistémicos, que permitieron detectar otras facturas observadas, emitidas por proveedores distintos a los inicialmente fiscalizados. Este segundo frente amplió tanto el período bajo análisis como la cantidad de operaciones investigadas.

La cuantificación provisional de los ajustes fiscales es la siguiente:

Impuesto a las Ganancias – Salidas no documentadas

- Ajustes por resoluciones administrativas: 4.647.841,21 pesos
- Ajustes por investigaciones sistémicas: 165.414.140,05 pesos

- Ajustes por resoluciones administrativas: 52.148.310,91 pesos

- Total estimado 2024: 181.890.906,64 pesos

- Ajustes por resoluciones administrativas: 22.934.217,46 pesos

- Ajuste determinado: 1.160.350,80 pesos

Uno de los ejes de la investigación es el análisis individual de los proveedores observados. Más de una decena de firmas presentan características similares:

En los anexos del expediente, ARCA detalla caso por caso las irregularidades detectadas, con actas de inspección, fotografías, informes bancarios y análisis de capacidad económica. En varios domicilios declarados, los inspectores no lograron localizar a las empresas o hallaron viviendas particulares sin actividad comercial visible.

Los informes sostienen que la emisión de un comprobante no basta para justificar la deducción del gasto si no se acredita la prestación efectiva del servicio, la razonabilidad económica de la operación y la capacidad real del proveedor. Bajo este criterio, ARCA consideró que los pagos de la AFA a las firmas cuestionadas no pueden ser aceptados como gastos deducibles, lo que dio lugar al ajuste fiscal.

Las actuaciones afirman que no se trata de un caso aislado ni de errores administrativos puntuales, sino de un esquema que se reiteró durante varios ejercicios fiscales. Para los investigadores, ese patrón refuerza la hipótesis de una maniobra deliberada para reducir la carga tributaria mediante el uso de facturas sin respaldo real.

Ante la magnitud de las irregularidades, ARCA informó formalmente al juez interviniente, aportando las resoluciones administrativas, los informes técnicos y la cuantificación preliminar del perjuicio fiscal. Fuentes judiciales indicaron que el organismo solicitó continuar con las medidas de prueba y pidió autorización para nuevos requerimientos de información.

Desde el ámbito judicial advierten que el expediente sigue abierto y que los montos y responsabilidades finales dependerán del avance de las actuaciones administrativas y de las decisiones que adopte la Justicia. La investigación podría ampliarse si aparecen nuevos proveedores, períodos o circuitos financieros bajo sospecha.

Fuente: telam