Según explicaron las autoridades, la intervención fue motivada por una serie de fallas y deficiencias detectadas durante una inspección realizada en el puerto entre septiembre y octubre del año pasado.

La norma implicaba la creación de un servicio de salud, que estaba previsto que fuera financiado por el superávit financiero producido por el Puerto de Ushuaia. Estos índices se obtuvieron en 2024 y 2025, pero los sindicatos advirtieron que esto podría comprometer “la operatividad, autonomía financiera y sustento institucional de la Dirección Provincial de Puertos de la citada provincia”.

Otro de los puntos que fueron alarmantes fue el descubrimiento de que existía un bajo nivel de inversión en infraestructura, que representaba solo el 1,3% del total de fondos. El resto era mayormente destinado al personal y a préstamos.

Tras exponer los argumentos, la ANPYN estableció que la Gerencia de Coordinación Técnica asumirá el carácter de Unidad Ejecutora y asistencial de la intervención. Así, quedará habilitada para dictar las normativas operativas necesarias para la continuidad y seguridad de los servicios portuarios.

Por este motivo, se facultó a la Gerencia de Coordinación Técnica para que pueda solicitar la colaboración técnica y de recursos administrativos de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal (AGP S.A.U.).

Así, dictaminaron que cada implicado institucional será notificado. Tanto la Agencia de Recaudación y Control Aduanero como la Prefectura Naval Argentina, además de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Dirección Provincial de Puertos. También recibirán comunicación las prestadoras de servicios públicos, para asegurar que no se vean afectados la provisión y el funcionamiento de los mismos durante la intervención.

Fuente: telam